El Poder Ejecutivo anunció un proyecto de modificación a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, que busca corregir vacíos normativos y mejorar la atención psiquiátrica. Sin embargo, desde Modra, grupo de psiquiatras, se señala que la brecha entre la intención legal y la realidad del sistema sigue siendo crítica.
La Ley 26.657, creada para proteger derechos y desmantelar el modelo manicomial, no ha tenido un impacto significativo. A 15 años de su sanción, solo 16 jurisdicciones la han adoptado, y menos del 50% de las provincias cuenta con camas para internación. Los datos del Ministerio de Salud evidencian una estructura asistencial insuficiente.
El proyecto propone cambios clave, como la evaluación obligatoria de un psiquiatra en internaciones involuntarias y una ampliación del criterio de riesgo a uno situacional. Sin embargo, expertos advierten que estas reformas no resolverán problemas estructurales si no se invierte en hospitales de día, equipos comunitarios y dispositivos intermedios.
Además, se debate la necesidad de una mejor articulación entre los dispositivos jurídicos y la creación de instituciones especializadas para casos graves. Sin embargo, la falta de infraestructura actual hace que estos cambios queden en teoría.
La discusión subraya que, aunque las reformas legales son necesarias, su eficacia depende de una inversión sostenida en la red asistencial. Sin dispositivos físicos y recursos adecuados, cualquier ley seguirá siendo insuficiente para garantizar una atención integral en salud mental.