El Gobierno argentino anunció la asignación de 600 millones de pesos adicionales para garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), tras una medida cautelar interina dictada por el juez federal Alejo Ramos Padilla. El magistrado exigió al ministro Manuel Adorni, responsable de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que presente soluciones para evitar la paralización del instituto, cuyo presupuesto fue recortado por el Gobierno de Javier Milei.
El BNDG, creado en 1987 por decisión del ex presidente Raúl Alfonsín, almacena 32.000 muestras biológicas de familias que buscan a bebés desaparecidos durante la última dictadura. Sin embargo, solo se aprobó el 55% del presupuesto necesario este año, lo que pone en riesgo la preservación de las muestras y la seguridad del edificio.
El juez Ramos Padilla destacó el rol del BNDG como herramienta para reparar violaciones a los derechos humanos y resaltó su importancia como perito en casos de apropiación de niños. La Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE) y la Unidad de Derechos Humanos de La Plata pidieron intervención judicial para evitar la paralización del servicio.
El plazo para que Adorni responda al juez vence el viernes, y el Ministerio de Justicia ya recibió múltiples solicitudes de jueces y fiscales sobre la situación del BNDG. Mientras, el juez Ernesto Kreplak ordenó garantizar la continuidad de los cotejos de ADN en investigaciones sobre el robo de bebés durante la dictadura.
La crisis pone en jaque un legado histórico y simbólico del Estado argentino. El BNDG no solo representa un esfuerzo por resolver un capítulo oscuro del pasado, sino también una herramienta viva para justicia y reparación. Su supervivencia depende ahora de una decisión urgente y coherente con los valores que el país pretende defender.