El Gobierno de Javier Milei avanza en la reconfiguración de la Cámara Federal porteña, un tribunal clave para investigaciones como $LIBRA y la situación patrimonial de Manuel Adorni. La medida busca reemplazar a jueces como Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, trasladados en 2018 por Mauricio Macri, y enfrenta tensiones políticas y judiciales.
Bruglia y Bertuzzi presentaron una denuncia ante la CIDH en 2024, acusando intenciones de destituirlos. Sin embargo, el gobierno intentó un acuerdo de solución amistosa, liderado por Alberto Baños, quien fue degradado y luego renunció tras conflictos internos en La Libertad Avanza.
El nuevo subsecretario de Derechos Humanos, Joaquín Mogaburu, reanudó el proceso de diálogo con los jueces, aunque debió excusarse por su vínculo con Germán Castelli, otro trasladado. Paralelamente, el Consejo de la Magistratura analiza ternas para reemplazar a Bruglia y Bertuzzi, con propuestas de figuras como Vanesa Siley, Diego Barroetaveña y Alberto Maques.
Las estrategias de Bruglia y Bertuzzi divergen: el primero se mostró confrontativo, mientras que el segundo quedó en el puesto 21º en un concurso de 2021. La Cámara Federal, dividida en dos salas, enfrenta tensiones con figuras como Martín Irurzun, próximo a cumplir 75 años y cuya continuidad parece incierta.
El Ministerio de Justicia apuesta a designar jueces nuevos y abrir un concurso para reemplazar a Irurzun. La reconfiguración del tribunal refleja un escenario de cambios políticos y judiciales que podrían definir el rumbo de las investigaciones en curso y las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.