Lumilagro celebró el lanzamiento de un plan para contratar a 60 trabajadores, pero evitó mencionar los 170 despidos en su planta de Tortuguitas, relacionados con la importación de termos desde China. Los directivos justificaron la decisión como un modelo de negocio ‘más barato y mejor’, en línea con el enfoque económico del gobierno.
La noticia generó reacciones negativas, especialmente por el impacto en más de 24.000 pymes cerradas desde la llegada de La Libertad Avanza. Los consumidores criticaron la prioridad por la rentabilidad sobre la empleabilidad, mientras la empresa anunció la apertura de 15 locales y la búsqueda de empleados en logística y atención al cliente.
Martín Nadler, CEO de Lumilagro, defendió los despidos argumentando la necesidad de modernizar procesos de producción, comparando la situación con la tecnificación del sector en la década de 1970. Sin embargo, la crítica persiste sobre la falta de alternativas que eviten indemnizaciones.
El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó a Lumilagro como ejemplo de adaptación, contrastándolo con el caso de FATE, que despidió a 900 empleados por la competencia de importaciones. A pesar de esto, no se abordó el impacto laboral de la reconversión.
El Presidente valoró la ‘reconversión exitosa’ de Lumilagro, pero no se mencionaron las pérdidas de empleos. La situación plantea preguntas sobre el equilibrio entre competitividad y justicia laboral en un contexto de transformaciones económicas aceleradas.