La diputada local del PRI en Sinaloa, México, Paola Gárate, alzó la voz nuevamente para cuestionar la respuesta de las autoridades federales y estatales ante las graves amenazas que ha recibido en los últimos años. La legisladora señaló que, mientras otros funcionarios gozan de esquemas de protección, ella sigue sin medidas de seguridad formales, a pesar de los evidentes riesgos que ha denunciado.
Desde el Senado de la República, Gárate calificó la situación como «el mundo al revés», en clara alusión a la protección que se le brinda al senador Enrique Inzunza Cázarez, en contraste con sus propias solicitudes de resguardo, realizadas hace meses e incluso años, que aún no obtienen respuesta. «La pedí en reiteradas ocasiones y hasta el día de hoy no pasó nada», afirmó la priista, quien sostiene haber sido víctima de diversas intimidaciones vinculadas a su actividad política y sus críticas a la compleja situación de seguridad en Sinaloa.
La controversia se agudizó el pasado 10 de junio, cuando una corona fúnebre apareció frente a su domicilio en Culiacán, un hecho que la legisladora interpretó como una amenaza directa. Gárate relató que este mensaje la obligó a abandonar temporalmente su hogar por temor a una agresión contra ella o su familia. Esa misma noche, presentó una denuncia ante la Fiscalía estatal y solicitó medidas de protección a distintas instancias federales, pero la respuesta de las autoridades de seguridad fue calificada de insuficiente. Según su versión, la Guardia Nacional le ofreció únicamente «acompañamiento» durante traslados oficiales o en situaciones de riesgo inminente. «¿Cómo voy a presentir el peligro?», cuestionó la diputada, tildando la propuesta de burla.
Gárate insiste en que la amenaza reciente no es un hecho aislado, sino parte de una serie de incidentes que han marcado su trayectoria política. Entre ellos, mencionó el ataque a su vehículo con un arma de fuego, la irrupción en su domicilio y la destrucción de su patrimonio, así como amenazas directas a su persona y a su familia. La legisladora argumenta que estos antecedentes deberían ser suficientes para justificar una evaluación formal de riesgo y la asignación de medidas de protección permanentes.
La polémica se intensificó con las declaraciones del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, quien sostuvo que la diputada aún no había formalizado la denuncia por la corona fúnebre. La priista rechazó categóricamente esta versión, asegurando que acudió a la Fiscalía en menos de 24 horas del incidente. A través de comunicados y declaraciones públicas, lamentó que se difundiera información que, a su juicio, no se ajusta a la realidad. Además, cuestionó la lógica de ofrecerle protección solo durante actividades oficiales, argumentando que el riesgo no desaparece cuando concluye una sesión legislativa o al regresar a su casa.
La diputada vinculó su situación con el contexto de violencia que atraviesa Sinaloa, una entidad que, según ella, acumula casi dos años de una crisis de seguridad que sigue afectando a miles de familias. Gárate afirmó que gran parte de sus señalamientos públicos han estado relacionados con la inseguridad, la actuación de las autoridades y la presunta relación de algunos actores políticos con grupos criminales, lo que, a su entender, podría explicar las amenazas recibidas. A pesar del temor, la legisladora aseguró que continuará denunciando las irregularidades y exigiendo seguridad para la ciudadanía, reiterando su pedido para que las autoridades realicen el análisis de riesgo correspondiente y le otorguen protección permanente. «Si todo lo que viví no representa un riesgo, entonces no sé qué más tiene que pasar», concluyó.
Fuente original: Infobae