Un nuevo capítulo en la tensa relación política de Colombia se abrió tras el llamado a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez por su presunta vinculación con masacres paramilitares. Ante esta citación, el actual mandatario, Gustavo Petro, lanzó un contundente desafío a su antecesor, proponiéndole que ambos se presenten ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para esclarecer los hechos.
La Fiscalía colombiana citó a Uribe Vélez para que declare sobre casos de alto impacto, como las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas entre 1996 y 1997 en Antioquia, así como el asesinato del abogado defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Estos episodios, que tuvieron lugar durante su gestión como gobernador de la región, implicaron asesinatos y desplazamientos masivos a manos de grupos paramilitares. Además, se investiga la relación con la Hacienda Guacharacas, señalada como epicentro de la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Desde sus redes sociales, Uribe comunicó la citación, a la que calificó de «injusticia de clara presión política» y vinculada al calendario electoral. Sin embargo, Petro no tardó en responder, reiterando su vieja propuesta: «Hermano Uribe, le dije alguna vez que fuéramos los dos a la JEP y se ahorraba usted el suplicio y Colombia ganaba con la verdad», escribió el presidente, sugiriendo que la justicia transicional sería el camino más adecuado para ambos.
El presidente Petro insistió en que la verdad es fundamental para la paz de Colombia y que la decisión final sobre este camino recaerá en la voluntad popular. La JEP fue creada tras el Acuerdo de Paz de 2016 con las Farc para juzgar crímenes cometidos durante el conflicto armado, ofreciendo un marco diferente al de la justicia ordinaria. Este cruce de declaraciones y desafíos judiciales reaviva el debate sobre el pasado violento de Colombia y la búsqueda de justicia y reconciliación.
Fuente original: Infobae