La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó en su informe anual sobre los retrocesos en materia de derechos humanos en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. El organismo destacó ajustes sociales, represión en protestas pacíficas y el cierre de instituciones vinculadas a la memoria histórica, género y pueblos indígenas.
El informe resaltó la decisión de Milei de nombrar a dos jueces en comisión en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, lo que generó preocupación sobre la independencia judicial. Además, se mencionaron reformas en la Policía Federal Argentina que permitirían detenciones sin orden judicial y ciberpatrullaje en redes sociales.
La CIDH denunció la represión durante las protestas del 12 de marzo de 2024, incluyendo el caso del fotógrafo Pablo Grillo, herido por un lanzagases, y la jubilada Beatriz Blanco. También señaló el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y la unificación del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) con el Museo Sitio ESMA bajo la órbita del CIPDH.
El informe destacó que, a pesar de la condena de más de 1200 personas por delitos de terrorismo de Estado, el gobierno de Milei obstaculizó el avance de la justicia con despidos, cierre de áreas y recortes presupuestarios. Asimismo, se alertó sobre la intentona de la Armada Argentina de destruir documentos militares relevantes para el esclarecimiento de crímenes de la dictadura.
La CIDH subrayó que el deterioro de instituciones y políticas públicas en materia de derechos humanos refleja una política de ajuste social que pone en riesgo la democracia argentina. El informe insta al Estado a reevaluar su enfoque para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en este ámbito.