El gobierno provincial de Salta anunció que logró liberar fondos destinados a organizaciones que atienden a personas con discapacidad, tras gestiones del gobernador Gustavo Sáenz y el ministro de Salud Pública, Federico Mangione. Sin embargo, la titular de ANIDAR, María Elena Arce, reveló que solo cinco instituciones en Salta Capital y el resto de la provincia recibieron los pagos adeudados.
Según el gobierno, los fondos comenzaron a impactar en las cuentas de las instituciones, incluyendo centros como HIRPACE y Divino Niño. Sin embargo, Arce señaló que la Secretaría de Discapacidad de la provincia no brinda claridad sobre el destino de los recursos, mientras que el ministerio de Salud nacional no se ha pronunciado.
La situación se agrava por la demora en el pago de sueldos al personal desde febrero, con deudas acumuladas desde octubre del año anterior. Arce expresó preocupación por la posible interrupción de tratamientos para 1.251 beneficiarios y el cierre de 43 establecimientos si no se resuelve la situación.
La dirigente de ANIDAR acusó al Gobierno nacional de intentar eliminar subsidios al sector, lo que generaría un impacto irreversible en la atención a personas con discapacidad. El anuncio oficial de liberación de fondos no se refleja en la realidad, según testimonios de las organizaciones afectadas.
El desfase entre las declaraciones gubernamentales y la falta de recursos en el terreno plantea dudas sobre la voluntad política de garantizar el acceso a servicios esenciales para una población vulnerable. La crisis pone en evidencia la necesidad de transparencia y acciones concretas para proteger los derechos de las personas con discapacidad.