El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, promulgó una reforma constitucional que permite aplicar cadena perpetua a menores de edad desde los 12 años en casos de homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a pandillas. La norma, aprobada en marzo por la Asamblea Legislativa con mayoría oficialista, establece que la pena recaerá tanto sobre adultos como en menores que cometan estos delitos.
La reforma incluye una revisión obligatoria de la pena máxima para menores condenados, evaluando posibles regímenes de libertad controlada. Los jueces deberán analizar si se aplicará la perpetuidad o se considerarán condiciones para su eventual liberación, dependiendo de factores como la edad del acusado o la gravedad del delito.
Antes de esta reforma, la Ley Penal Juvenil limitaba la pena máxima a 20 años para menores de 16 años en delitos de pandilleros, reduciéndose a la mitad para quienes tenían menos de 12 años. La iniciativa del gobierno busca endurecer la justicia penal en el marco de su ‘guerra contra las pandillas’, iniciada con el estado de emergencia en 2022.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, destacó que la reforma busca incluir en la cadena perpetua a menores de edad que pertenezcan a organizaciones terroristas. Sin embargo, críticos señalan que estas medidas impactan la débil democracia salvadoreña, especialmente con proyectos como la eliminación de límites al mandato presidencial.
La medida ha generado controversia tanto en el ámbito nacional como internacional, con debates sobre el equilibrio entre seguridad pública y derechos humanos. Mientras el gobierno defiende la necesidad de combate el crimen organizado, defensores de los derechos de las víctimas y organizaciones internacionales cuestionan la aplicación de penas extremas a menores.