El empleo en la administración pública nacional, empresas y sociedades registró una caída interanual del 6,2%, consolidando una tendencia descendente desde finales de 2025. La reducción afecta a todos los niveles de la estructura estatal, incluyendo organismos descentralizados y desconcentrados.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), con 2.400 empleados, se encuentra en el centro de un conflicto laboral. Según informes internos, se prevén despidos masivos de hasta 1.700 trabajadores, con un primer tramo de 600 cesantías próximas a aplicarse. Los gremios advirtieron sobre la posibilidad de reducciones salariales del 40% y un esquema de disponibilidad.
La tensión escaló tras la decisión del Gobierno de presentar denuncias penales contra delegados gremiales, luego de una protesta en el Parque Tecnológico Migueletes. La Secretaría de Coordinación de Producción acusó a los trabajadores de violentar accesos, mientras los sindicatos denuncian un intento de disciplinar la resistencia al ajuste.
Un grupo de mandos medios alertó que la reestructuración podría afectar funciones críticas como controles sanitarios y estándares de calidad, debilitando la competitividad de la producción local. La dependencia de certificaciones externas podría aumentar, generando riesgos para el desarrollo productivo.
El caso del INTI se convierte en un reflejo de una dinámica más amplia: el ajuste en el empleo público, combinado con recortes salariales y funciones, redefine el mapa del Estado. Esta situación plantea preguntas sobre el equilibrio entre austeridad y sostenibilidad de servicios esenciales para la sociedad.