Elmer Cuba, un reconocido economista peruano y exmiembro del Banco Central de Reserva, asumió recientemente el cargo de ministro de Economía y Finanzas en Perú. Su designación, impulsada por Keiko Fujimori, marca el inicio de una gestión que ya ha generado expectativas y controversias por sus primeras declaraciones. Cuba ha dejado en claro que su objetivo no solo será traducir la bonanza económica del país en mejores salarios y más empleo, sino también aplicar una política «implacable» en el control del gasto público.

Esta postura ha encendido las alarmas en el sector de los empleados públicos, especialmente entre los trabajadores del régimen CAS, quienes aún aguardan el pago de su gratificación de julio y esperan un incremento más rápido hacia el 100% de su monto antes del 2030. Sin embargo, Cuba, en entrevistas previas a su nombramiento, ya había señalado que su principal foco estaría en revisar la controvertida «Ley de pensión digna», que eleva el monto de las jubilaciones docentes a S/3.500,70. El flamante ministro enfatizó que «seremos implacables con el uso de esos recursos», argumentando que los impuestos que pagan todos los peruanos no deben ser despilfarrados.

La discusión sobre la gratificación de los trabajadores CAS, que actualmente se paga al 10% de un sueldo con un piso de S/300, es un tema recurrente en la agenda política peruana. Esta medida fue aprobada por el Congreso y no objetada por el Poder Ejecutivo, en un momento en que el Tribunal Constitucional validaba la iniciativa de gasto del parlamento, una interpretación que luego cambió. Ahora, con Cuba al frente del MEF, se plantea la posibilidad de que el nuevo gobierno solicite al Tribunal Constitucional que declare inconstitucionales estas normativas, especialmente la Ley 32581, que garantiza la pensión de S/3.500,70 para maestros jubilados y cesantes.

Cuba se refirió a esta ley como «la madre de las batallas», considerándola «demasiado cara» y disruptiva para el equilibrio del sistema previsional público. Su visión es que basta con modificar una única norma populista para aliviar la carga fiscal. Ante este panorama, la Federación Nacional de Trabajadores CAS del sector Educación ya manifestó su preocupación, interpretando las declaraciones del ministro como un «ataque contra los derechos de la clase trabajadora» y una posible devolución de favores a grupos empresariales por parte de la presidenta electa. A pesar de que Cuba no considera que Perú requiera un «ajuste fiscal» al estilo de los vividos en Argentina o Bolivia, sí aboga por enfrentar la «elevación tributaria» para destinar más recursos a infraestructura y mejorar los salarios de los servidores públicos.

Fuente original: Infobae