El gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, puso en marcha un sistema especial para gestionar a las mujeres consideradas de máxima peligrosidad dentro del Servicio Penitenciario Federal. La medida, firmada por la ministra Alejandra Monteoliva, busca adaptar las herramientas existentes a las características específicas de la población penal femenina de alto riesgo.

Este nuevo esquema se enfoca en internas vinculadas a complejas organizaciones criminales, estableciendo criterios diferenciados para su evaluación, clasificación, separación y supervisión. La decisión responde a la evolución del crimen organizado y a la necesidad imperiosa de evitar que las estructuras delictivas continúen operando desde el interior de las prisiones, un desafío creciente para la seguridad pública.

El sistema se inspira en la experiencia previa de un régimen similar que ya funcionaba para la población penal general y ahora se ajusta para atender las particularidades de las mujeres. La normativa también contempla la elaboración de protocolos complementarios en un plazo de 60 días, asigna responsabilidades operativas al Servicio Penitenciario Federal y exige informes técnicos semestrales para monitorear su aplicación y realizar los ajustes necesarios.

Uno de los argumentos centrales para esta implementación es la creciente participación de mujeres en roles ejecutivos y de conducción dentro de las bandas criminales, un fenómeno advertido en diversos estudios especializados. La resolución destaca que, en muchos casos, las mujeres asumen tareas de enlace, mensajería y coordinación, incluso desde el encierro o a través de lazos familiares, manteniendo activa la operatoria ilegal de las organizaciones. Este sistema prevé adecuaciones en infraestructura, tratamiento, salud y formación del personal penitenciario, con un enfoque de género y una gestión adecuada del riesgo criminológico.

Fuente original: Infobae