La Fiscalía de Madrid presentó un recurso contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de retirar el pasaporte a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y a su asesora, Cristina Álvarez. Esta medida cautelar, que también incluye la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer cada quince días en el juzgado, fue dictada el pasado 20 de junio por el magistrado, quien argumentó un supuesto riesgo de fuga.

En su escrito, al que accedieron diversos medios, la Fiscalía enfatiza el fuerte arraigo de ambas mujeres en territorio español. Subrayan que tanto Gómez como Álvarez son ciudadanas españolas, sus familias residen en el país y han desarrollado sus actividades profesionales íntegramente en España, lo que a su juicio descarta cualquier posibilidad de evasión.

Para el Ministerio Público, la medida de retirar el pasaporte resulta totalmente innecesaria. Argumentan que ninguna de las implicadas posee vínculos con el extranjero ni activos financieros que les permitieran una fuga e instalación fuera de España. La Fiscalía también hace hincapié en que las exhaustivas investigaciones patrimoniales realizadas por el juzgado descartaron las sospechas iniciales de bienes o ganancias ilícitas, lo que refuerza la falta de motivos para temer una huida.

Además, la Fiscalía calificó de «llamativa» la orden de retirar «cuantos pasaportes pudiera disponer», insinuando que podría aludir a la «supuesta adquisición de nacionalidad de República Dominicana», un dato que, según el organismo, ha sido «sistemáticamente propagado en ciertos medios» pero es «irreal». También cuestiona la obligación de comparecer quincenalmente, considerándola «carente de sentido» por la ausencia de riesgo de fuga, y tacha de «ilógica y irracional» la mención del juez sobre la posible ayuda de las fuerzas de seguridad del Estado en una eventual huida, lo que «extiende una sombra de sospecha infundada» sobre estas instituciones.

Fuente original: Infobae