El Gobierno argentino busca recuperar su imagen tras escándalos de corrupción y deudas pendientes, impulsando reformas a la Ley de Salud Mental y la de Emergencia en Discapacidad. Ambas iniciativas, respaldadas por legisladores y la Justicia, buscan modernizar el sistema de salud y garantizar el cumplimiento de leyes vigentes.
Paralelamente, el Ejecutivo propone un proyecto contra el fraude de pensiones por invalidez, que incluye un reempadronamiento obligatorio de beneficiarios y la prohibición de trabajar formalmente mientras se recibe una pensión. El argumento oficial señala un aumento exponencial de beneficiarios, de 76 mil a 1,2 millones entre 2003 y 2023, como señal de posibles irregularidades.
La reforma a la Ley de Salud Mental, sancionada en 2010 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, busca revertir su enfoque en derechos humanos y atención comunitaria, priorizando diagnósticos médicos y flexibilizando internaciones involuntarias. El texto propuesto abandona la meta de desmantelar el sistema manicomial y permite la existencia de instituciones psiquiátricas.
El proyecto de Emergencia en Discapacidad también modifica la Ley 26.827, que regula el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y busca ajustar el monto de pensiones a 70% del haber mínimo jubilatorio. Sin embargo, se mantiene la prohibición de vinculos laborales formales para beneficiarios, una medida que ha generado polémica.
La iniciativa refleja una estrategia política para recuperar la confianza tras escándalos como la desaparición de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la deuda con prestadores de servicios. No obstante, críticos cuestionan si estas reformas priorizan eficacia o intereses partidarios, dejando en segundo plano las condiciones sociales que afectan a personas con discapacidad y problemas de salud mental.