La Federación del Personal de Vialidad denunció que el decreto 253 del presidente Javier Milei, que delega a nueve provincias la gestión de obras públicas con peajes, representa «el mayor proceso de vaciamiento desde la privatización de los 90». La medida pone en riesgo 785 puestos laborales en la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
El informe de la federación señala que el decreto deja a la DNV como una «cáscara institucional» sin control real sobre las rutas, mientras que las provincias aliadas asumen competencias sin recursos ni garantías laborales. La transferencia, según el documento, sigue la lógica del ajuste y recuerda los despidos masivos de la década de 1990.
El traspaso de competencias incluye tramos clave como la Ruta 40, que ahora quedará dividida en jurisdicciones provinciales, lo que generará incompatibilidades en estándares técnicos y tarifarios. El 60% de los tramos cedidos no tienen tránsito suficiente para sustentar concesiones sin subsidios estatales.
La federación denunció que el decreto no incluye cláusulas de protección laboral ni convenios con los futuros concesionarios. Además, criticó la falta de consulta a los sindicatos, violando el principio de negociación colectiva establecido en la Constitución Nacional.
El informe concluye que el decreto no es una privatización directa, sino una estrategia encubierta que «destruye gradualmente la capacidad estatal en materia vial» y beneficia al sector privado, dejando a los trabajadores y la infraestructura nacional en manos de concesionarios sin control técnico efectivo.