Un oficial de justicia notificó formalmente este viernes a las autoridades de un colegio privado de calle Pringles sobre un fallo judicial que ordena garantizar la inclusión y continuidad escolar de un niño. El procedimiento se enmarcó en una acción de amparo impulsada por la madre del menor, la abogada María Belén Molina, tras un proceso de más de seis meses sin respuestas satisfactorias.
Molina explicó que recopiló más de cien fojas de pruebas durante el proceso, destacando que la Ley de Educación reconoce el derecho a la educación, pero en algunos casos este derecho se ve limitado en instituciones privadas. El fallo, según la letrada, trasciende el caso individual y podría servir como antecedente para otros casos similares.
La abogada, quien se autorepresentó junto a dos colegas, resaltó que la decisión judicial refuerza la obligación de las escuelas de garantizar la inclusión y respetar los derechos de los estudiantes, especialmente en contextos con barreras para su acceso o permanencia. El colegio notificado debe ahora cumplir con las medidas establecidas en el fallo.
La madre del menor dejó un mensaje dirigido a otras familias: ‘Sé lo difícil que es atravesar este proceso. Soy una madre que defiende a su hijo y lo va a seguir haciendo. Es importante animarse a reclamar cuando los derechos no se cumplen’. Esta reflexión subraya la importancia de la lucha por la inclusión educativa en el sistema privado.
El caso pone en evidencia la necesidad de que las instituciones educativas cumplan con sus responsabilidades legales y éticas, asegurando que todos los niños, independientemente de sus condiciones, tengan acceso a una educación digna y equitativa.