Una nueva iniciativa legislativa busca poner freno a los exabruptos y agravios personales en el Congreso de la Nación. La diputada nacional Mercedes Llano, representante de La Libertad Avanza, presentó un proyecto de resolución que propone suspender la dieta de aquellos legisladores que utilicen expresiones injuriosas, soeces o denigrantes durante el desarrollo de la actividad parlamentaria.

La propuesta de Llano plantea una modificación al Reglamento de la Cámara de Diputados, incorporando una sanción económica directa. Según el texto, los diputados que incurran en estas conductas podrían quedarse sin sueldo por un mes. En caso de reincidencia, o si el episodio escala a amenazas, intimidación o agresión física, la suspensión económica podría extenderse hasta dos meses, marcando un precedente en el régimen disciplinario.

Los fundamentos del proyecto diferencian claramente entre la crítica política, considerada esencial para el debate democrático y protegida por la libertad de expresión parlamentaria, y el agravio personal. La diputada Llano enfatiza que la medida no busca coartar las opiniones o juicios de valor de los legisladores, sino específicamente sancionar los insultos y las expresiones que atenten contra la dignidad del recinto y sus miembros. La legisladora mendocina argumenta que existe un vacío en la normativa actual que este proyecto busca subsanar.

Esta iniciativa surge luego de los tensos momentos vividos el pasado 30 de septiembre, durante un plenario de comisiones donde se discutía un proyecto relacionado con la Defensa de la Soberanía de Malvinas. En aquella ocasión, se registraron fuertes cruces, insultos y hasta empujones entre el dirigente Juan Grabois y varios diputados de La Libertad Avanza, evidenciando la necesidad de establecer límites claros en el comportamiento dentro del ámbito legislativo.

El proyecto se suma a una serie de propuestas impulsadas por Mercedes Llano, quien también ha presentado iniciativas para eliminar ciertas prerrogativas de los legisladores, regular la actividad en el recinto y establecer requisitos de idoneidad psicológica para candidatos a cargos públicos, incluyendo la presidencia y las bancas legislativas.

Fuente original: La Gaceta