La justicia española decidió archivar la investigación contra Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La causa se había iniciado por la supuesta difusión de información personal de dos periodistas del diario El País, pero la magistrada a cargo no encontró indicios suficientes de delito de revelación de secretos.
El conflicto se originó cuando los reporteros se encontraban en las cercanías del domicilio de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, investigando un presunto fraude fiscal y obras irregulares en su vivienda. En ese contexto, se publicó información personal de los periodistas, lo que generó una fuerte polémica en el ámbito político y mediático.
Según la versión de Rodríguez, un “vecino enfadado” tomó la fotografía de los periodistas y se la envió a González Amador, quien a su vez la compartió con el jefe de gabinete de Ayuso. Rodríguez luego distribuyó la imagen y los datos de los reporteros a varios medios de comunicación. Sin embargo, El País sostuvo que sus periodistas fueron abordados por agentes de la Policía Nacional de paisano y que, una hora después, desde el entorno de Ayuso se remitieron sus nombres y fotografías a otros medios, acompañados de un mensaje acusatorio.
La denuncia por revelación de secretos fue presentada por los periodistas afectados y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Aunque en un principio los juzgados de Madrid descartaron abrir un proceso penal, la Audiencia Provincial ordenó una investigación formal. Durante el proceso, Rodríguez declaró ante la jueza y, si bien inicialmente sostuvo la versión del vecino, luego admitió que la foto le fue enviada por González Amador, alegando que se había “expresado mal” y que no podía aportar las pruebas de WhatsApp por un supuesto “hackeo” de su teléfono. González Amador, citado como testigo, corroboró la versión de Rodríguez y también argumentó un supuesto hackeo de su dispositivo.
Finalmente, la magistrada Raquel Robles González resolvió archivar provisionalmente la causa. Tras analizar las pruebas, consideró que no se pudo demostrar que los datos o la imagen de los periodistas provinieran de agentes policiales. La jueza dio por probado que la fotografía fue enviada por un vecino y que Rodríguez ya conocía a los periodistas por su actividad profesional, además de que sus nombres e imágenes ya eran públicos a través de su propio medio. La resolución también rechazó otras diligencias solicitadas por la acusación, como el análisis del teléfono móvil de Rodríguez, al considerarlas innecesarias para esclarecer los hechos.
Fuente original: Infobae