La eliminación de los Registros del Automotor fue una de las promesas centrales de la campaña presidencial de 2023. La idea era desmantelar lo que el gobierno actual consideraba una “caja política” que generaba sobrecostos y negocios perjudiciales para los ciudadanos. Sin embargo, a pesar de los anuncios, el sistema original sigue funcionando en gran medida, aunque con algunos cambios.

Inicialmente, se comunicó el cierre de 291 registros a través de las Resoluciones 209/2024 y 19/2025, además de la suspensión de nombramientos y la intervención de otras 200 dependencias. No obstante, la realidad es que la nómina oficial de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) muestra que, de 1.557 seccionales en mayo de 2024, hoy solo se registran 1.546. Esto significa que la reducción efectiva ha sido de apenas 11 registros.

Una de las principales razones detrás de esta lentitud es la complejidad de la digitalización de todos los legajos. Este paso es fundamental para poder crear el Legajo Digital Único a nivel nacional, un objetivo primordial del gobierno. A pesar de la demora, ya se implementaron algunas modificaciones importantes, como la unificación del costo de transferencia al 1% del arancel, la eliminación de cargos por cédulas de identificación, títulos y patentes, la creación del Legajo Digital Único y el Certificado Digital Automotor, y el establecimiento de un tope para las ganancias de los Registros Automotores.

En las últimas horas, se observó un nuevo movimiento que reafirma la intención del gobierno. El miércoles 26 de agosto, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 403/2026, que dejó sin efecto la designación del titular del Registro Seccional número 2 de San Miguel de Tucumán. Este registro funcionaba intervenido desde 2005 y la decisión busca evitar completar un concurso de hace 21 años en un contexto de reorganización total del sistema. La medida no implica el cierre del registro, sino que continúa en la misma situación de intervención.

El Ministerio de Justicia argumenta que esta decisión se enmarca en una “política pública expresa, clara y consolidada” orientada a la racionalización, reducción de registros seccionales, y la digitalización de trámites. Aunque el proceso es más lento de lo esperado, el gobierno sigue trabajando en conjunto con legisladores, como la diputada Patricia Vasquez (Pro), quien ha presentado un proyecto de ley para transformar completamente el sistema registral automotor y crear un Registro Único Nacional Automotor (RUNA).

Fuente original: Infobae