Un importante escándalo de corrupción sacude al sistema de salud mexicano, donde cuatro altos funcionarios públicos y una representante legal de una empresa privada han sido vinculados a proceso penal. Se les acusa de firmar contratos ilícitos con una compañía considerada “fantasma”, desviando más de 11 millones de pesos destinados a servicios médicos de alta especialidad.

Los hechos se remontan a 2018, cuando personal del prestigioso Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, perteneciente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), suscribió tres contratos con una entidad que figuraba en el listado federal de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS). Este registro oficial identifica a compañías que emiten comprobantes fiscales sin respaldo en operaciones reales, lo que desencadenó la posterior denuncia penal por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG).

Los imputados son José Alfredo “N”, director; Javier “N”, coordinador; Ma. Dolores “N”, subdirectora; y Rodrigo “N”, subdirector, quienes ocupaban cargos clave en el hospital al momento de las irregularidades. A ellos se suma Cecilia Guadalupe “N”, representante legal de la empresa contratada. Todos enfrentan cargos por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades, según el Código Penal Federal mexicano.

Como medida cautelar, a los acusados se les ha prohibido salir del país sin autorización judicial y deberán presentarse periódicamente ante la unidad responsable del seguimiento del caso. Este proceso judicial, que llega ocho años después de la firma de los contratos, subraya los prolongados tiempos que pueden transcurrir entre la comisión de irregularidades y su judicialización. Las penas por este delito pueden ir de dos a doce años de prisión, además de multas y la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Fuente original: Infobae