Una intensa controversia sacude la política colombiana tras la iniciativa del representante a la Cámara, Óscar Benavides, de recaudar más de 300 millones de pesos para asistir a los damnificados de un reciente terremoto. La colecta, que se canaliza a través de cuentas bancarias personales y centros de acopio, generó fuertes críticas, especialmente del exfiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, quien alertó sobre posibles irregularidades y riesgos legales.

Barbosa, quien ocupó el cargo entre 2020 y 2024, utilizó sus redes sociales para cuestionar la legalidad y la transparencia de la campaña. El exfiscal enfatizó que la administración de fondos públicos o de terceros por parte de un legislador en cuentas personales, sin la debida autorización estatal, podría violar múltiples normativas, incluyendo el Código Penal colombiano, que sanciona la captación masiva de dinero sin aval oficial. Además, señaló incompatibilidades con artículos clave de la Constitución Política del país, que podrían incluso derivar en la pérdida de la investidura del congresista.

Frente a las acusaciones, el representante Benavides publicó un video defendiendo su accionar. En el mensaje, agradeció el apoyo ciudadano y aseguró que los fondos se destinarán a la compra de ayudas para las familias más afectadas, principalmente en el departamento del Chocó y otras regiones. Benavides, quien llegó al Congreso representando a las comunidades afrocolombianas, reafirmó su compromiso de supervisar personalmente la entrega de cada ayuda, invitando a la ciudadanía a seguir colaborando.

Sin embargo, la polémica se intensificó cuando la plataforma X (anteriormente Twitter) añadió una nota comunitaria al mensaje del congresista, recordando la existencia de canales oficiales y seguros como los de la Cruz Roja Colombiana para este tipo de donaciones. La situación pone de manifiesto la importancia de la trazabilidad y la rendición de cuentas rigurosa cuando se manejan fondos públicos o solidarios, más allá de las buenas intenciones, y mantiene en vilo a las autoridades sobre las posibles acciones a tomar.

Fuente original: Infobae