Un mes después de la controversia que la llevó a ser suspendida de su cargo, Gloria Arizabaleta, exrepresentante a la Cámara de Colombia, rompió el silencio y lanzó duras acusaciones contra el presidente Gustavo Petro y la Procuraduría General de la Nación. Arizabaleta, quien previamente había ordenado la suspensión temporal del mandatario por presunta participación indebida en política, ahora sostiene que su propia suspensión fue un «montaje» diseñado para apartarla de su investigación sobre la campaña presidencial de Petro.
La excongresista, que actuaba como presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación, aseguró en una entrevista con el medio Semana que la Procuraduría no tenía competencia para inhabilitarla. Argumenta que, al ejercer funciones de representante instructora en la Comisión de Acusación, su rol era de carácter judicial, y solo la Comisión de Ética de la Cámara o la Comisión de Disciplina Judicial podrían haber tomado tal medida. «Me suspendió, me apartó del cargo y permitió que el Gobierno pudiera emitir sus juicios de valor amañados», declaró, sugiriendo una clara injerencia política.
El trasfondo de esta disputa se remonta a junio de 2025, cuando Arizabaleta comenzó a investigar denuncias sobre la presunta financiación de la campaña de Gustavo Petro en 2022 con «fuentes prohibidas». Para ello, intentó establecer contacto con autoridades estadounidenses, buscando información del Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y cuerpos de seguridad, tras recibir material sobre señalamientos de Hugo Carvajal contra Petro. La exrepresentante también ofició a la Embajada de Estados Unidos en Colombia solicitando declaraciones de figuras como el «Pollo Carvajal» y «Otoniel», aunque afirmó no haber recibido respuesta antes de su suspensión.
Arizabaleta defendió su decisión de suspender a Petro, argumentando que el presidente incurrió en una conducta reiterada de participación política indebida, citando 22 trinos en 12 horas como prueba. Según la exlegisladora, esta situación justificaba una medida cautelar inmediata, amparada en el artículo 217 del Código General Disciplinario. Además, reveló que se apartó del Pacto Histórico, el partido de gobierno, cuando comenzó a investigar a Petro y recibió información en Estados Unidos que apuntaba a una campaña «presuntamente permeada por el narcotráfico», lo que añade una capa de gravedad a sus denuncias.
La excongresista también vinculó su «caída política» con sus gestiones en el exterior y apuntó directamente a su expareja, el exsenador Roy Barreras, a quien acusó de «azuzar en Presidencia diciendo mentiras» tras la suspensión de Petro. Este escándalo no solo pone en jaque la credibilidad de importantes instituciones colombianas, sino que también resalta las profundas divisiones y tensiones dentro del espectro político del país, con acusaciones de alto calibre que requieren una investigación exhaustiva.
Fuente original: Infobae