Argentina se encuentra en un punto de inflexión respecto a la vigilancia estatal. Un reciente informe de Amnistía Internacional, titulado “Estado de Vigilancia”, revela una significativa expansión de las capacidades de monitoreo y análisis de la población por parte del Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires entre 2024 y 2025. Esta situación plantea serios interrogantes sobre la privacidad de los ciudadanos y el futuro de las libertades democráticas.

La ampliación de estas capacidades no se limita solo a la adquisición de tecnología. Incluye reformas institucionales, nuevos protocolos y facultades para organismos de seguridad e inteligencia. Se destaca la reorganización del sistema de inteligencia, que extendió el secreto como norma y reforzó el acceso e intercambio de información. Además, el DNU 941/2025 creó la Agencia Federal de Ciberinteligencia y la reforma del Estatuto de la Policía Federal amplió el ciberpatrullaje. Instrumentos como el Protocolo Antipiquetes prevén filmaciones y registro de participantes, mientras que la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad concentra funciones de monitoreo digital y reconocimiento facial.

En cuanto a la inversión tecnológica, el Gobierno nacional destinó al menos 1.2 millones de dólares a herramientas de vigilancia, incluyendo licencias de la plataforma Maltego para inteligencia de fuentes abiertas, Clearview AI para reconocimiento facial, y drones con cámaras térmicas y seguimiento automatizado. Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires invirtió alrededor de 48 millones de dólares en infraestructura física urbana, como cámaras y puntos de captura. Esta convergencia de inversiones, donde Nación analiza datos y CABA amplía la red de recolección, genera un sistema de vigilancia con una capacidad mucho mayor que la suma de sus partes.

A pesar de estas inversiones, persisten importantes interrogantes sobre la transparencia y el control. Amnistía Internacional no obtuvo información suficiente sobre las bases de datos de Clearview AI, los controles existentes o los casos concretos de aplicación. Similarmente, aunque existen declaraciones oficiales sobre el uso de drones, la evidencia audiovisual los muestra en protestas, alimentando la incertidumbre sobre el destino y procesamiento de las imágenes. Esta falta de claridad, sumada a la posible interacción con actores privados como Palantir (empresa vinculada a Peter Thiel, quien se reunió varias veces con el presidente Javier Milei), profundiza la preocupación.

El informe también documenta un “efecto inhibidor” en la ciudadanía. Entrevistas a periodistas, activistas, jóvenes y migrantes revelaron cambios concretos de conducta: menor participación en manifestaciones, reducción de la exposición pública, cambios en la forma de comunicarse y autocensura en redes sociales. Esto sugiere que las personas comienzan a comportarse como si estuvieran bajo observación permanente, lo que representa un deterioro de la democracia. Es crucial que Argentina actualice su Ley de Protección de Datos Personales, la 25.326, exigiendo consentimiento claro, transparencia, evaluaciones de impacto y controles externos independientes, para garantizar que la seguridad no comprometa los derechos fundamentales.

Fuente original: Infobae