La Defensoría del Pueblo de Colombia ha emitido un llamado urgente a las instituciones estatales para que adopten una respuesta coordinada y contundente frente a la creciente ola de amenazas y homicidios que afecta a líderes y lideresas campesinas. Estas figuras clave, beneficiarias de la reforma agraria, ven su seguridad comprometida en diversas regiones rurales del país, generando una profunda preocupación.
A través de su cuenta oficial en redes sociales, la entidad manifestó que en los últimos días se han registrado numerosos ataques, incluyendo asesinatos, contra personas vinculadas a los procesos de acceso a tierras. Esta alarmante situación ha motivado a la Defensoría a realizar visitas a zonas consideradas de alto riesgo, con el objetivo de verificar las condiciones en el terreno y exigir acciones concretas por parte de las autoridades competentes.
El organismo enfatizó que los procesos de entrega de tierras deben llevarse a cabo con una planificación adecuada, una articulación interinstitucional efectiva y una estrecha coordinación con las autoridades locales. Esto es fundamental para garantizar la seguridad de las comunidades y prevenir nuevos actos de violencia. Además, se insistió en la necesidad de implementar medidas de protección efectivas para los beneficiarios de la reforma agraria y de establecer mecanismos que permitan evitar conflictos entre las comunidades involucradas.
Este pronunciamiento se suma a la denuncia realizada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que advirtió sobre un patrón sistemático de intimidación y persecución contra las comunidades beneficiarias. La ANT detalló incidentes graves, como el ataque a una familia campesina en Puerto López, Meta, donde fueron agredidos y sus pertenencias quemadas, y amenazas de muerte en Córdoba y Antioquia, algunas atribuidas a grupos armados ilegales.
Tanto la Defensoría como la ANT han instado a la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Pública y el Ministerio Público a iniciar investigaciones inmediatas para identificar a los responsables de estos ataques y brindar protección a las comunidades en riesgo. Ambos organismos reafirmaron que la reforma agraria es una garantía fundamental para el derecho a una vida digna y la soberanía alimentaria del campesinado colombiano, y aseguraron que el proceso “no se detendrá” a pesar de las amenazas.
Fuente original: Infobae