Una reciente disposición de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha encendido todas las alarmas en el sector de la salud argentino. El organismo comenzó a aplicar nuevos aranceles a la importación de medicamentos de alto costo y dispositivos médicos de alta complejidad, al mismo tiempo que eliminó las exenciones que estaban vigentes hasta el momento.

La medida, establecida por la Disposición 5461/2026 y en vigor desde el 1° de septiembre, generó una inmediata paralización de trámites esenciales para miles de pacientes que poseen el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Gremialistas y asociaciones de pacientes denuncian que esta situación pone en jaque el acceso a tratamientos vitales y genera una profunda preocupación en el sistema de salud, tanto público como privado y sindical.

La normativa fija una tasa sobre el despacho a plaza de la mercadería, calculada sobre su valor FOB, con alícuotas del 1,5% general y 1,25% para volúmenes mayores, con topes de hasta 12 millones de pesos para especialidades medicinales. Sin embargo, el problema más grave radica en la falta de un procedimiento y código de pago operativos para este nuevo tributo. Esto significa que, si bien las exenciones fueron canceladas y el pago es obligatorio, no hay forma de efectuarlo, dejando los expedientes de importación completamente frenados y a las familias de personas con discapacidad en una situación de extrema vulnerabilidad.

Esta disposición impacta directamente en la importación de insumos de mayor valor y complejidad, como dispositivos médicos Clase III y IV, así como tratamientos que no cuentan con producción nacional. Diversas entidades del sector han señalado que la medida entra en clara contradicción con la Resolución 1388/97 del Ministerio de Economía, que exime de tasas aduaneras a medicamentos y bienes destinados al tratamiento o rehabilitación de personas con discapacidad, agravando aún más la polémica.

Desde la ANMAT, bajo la órbita del ministro de Salud, se argumenta que la decisión forma parte de un proceso de desregulación iniciado en 2025, concentrando los aranceles en productos de mayor valor tras dejar de intervenir en los de bajo riesgo. No obstante, esta situación añade una presión financiera considerable sobre las obras sociales y prepagas, ya golpeadas por la crítica situación económica, y se da en un contexto de debate parlamentario por el Presupuesto 2027, que prevé importantes cambios en la Ley 24.901 de discapacidad.

Fuente original: Chaco Día por Día