En nuestras ciudades, se han vuelto lamentablemente comunes imágenes de niños pidiendo colaboración económica o acompañando a adultos en largas jornadas laborales. Estas escenas, que a menudo parecen parte del paisaje urbano, en realidad son un grito de alarma sobre la vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia en Argentina.
Los datos recientes del Programa de Prevención y Abordaje del Trabajo Infantil y Adolescente del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes son contundentes. Durante 2025, el programa intervino en 940 situaciones, de las cuales el 64% estaban ligadas a estrategias de supervivencia en la vía pública. La tendencia no cede; solo en abril de 2026, se recibieron 439 derivaciones, y casi el 88% de ellas correspondían a niños y adolescentes en la calle como parte de la subsistencia familiar. Estas cifras no son meros números; representan historias de vida, familias en situación de vulnerabilidad y, sobre todo, infancias que no pueden ejercer plenamente sus derechos.
El trabajo infantil, lejos de ser una “ayuda” familiar o una “cultura del esfuerzo”, es una grave violación de derechos. Impide el acceso a la educación, al juego, al descanso y a un desarrollo integral. Les roba el tiempo de ser chicos y condiciona su presente y futuro, limitando oportunidades y perpetuando círculos de exclusión que son muy difíciles de revertir.
Un aspecto preocupante que revelan las intervenciones es que, durante abril, el 70.9% de las familias asistidas en la Ciudad de Buenos Aires provenían de la provincia de Buenos Aires. Esto subraya una responsabilidad compartida que no está equilibrada, complicando la restitución de derechos. Aunque la Ciudad cuenta con equipos que recorren el territorio y articulan con diversas instituciones, la problemática nace mucho antes, en contextos donde las herramientas de acompañamiento e inclusión no llegan a tiempo.
La situación es aún más delicada al observar la edad de los involucrados. En 2025, se registraron intervenciones con niños de apenas 1 a 3 años, siendo la mayor concentración en el rango de 7 a 12 años. Ningún niño debería pasar su infancia en la calle, ni crecer creyendo que su presencia en el espacio público es una herramienta necesaria para complementar los ingresos familiares. Es crucial entender que la pobreza no se criminaliza, y la responsabilidad principal recae en el Estado, que tiene la obligación de actuar preventivamente.
Desde Ahora Noticias, hacemos un llamado a que todas las jurisdicciones asuman un compromiso más activo. No basta con intervenir cuando las consecuencias ya son visibles. Si un niño necesita estar en la calle para sostener la economía familiar, toda la sociedad está llegando tarde. Proteger a la niñez es una responsabilidad colectiva que involucra a familias, escuelas, organizaciones y al Estado. Si conocés una situación que requiera acompañamiento o protección, no mires para otro lado: comunicate con la Línea 102 o, en casos de riesgo inmediato, con el 911.
Fuente original: Infobae