La defensa de Azul Rojas Marín, una reconocida activista trans peruana, ha presentado un pedido formal ante el Poder Judicial para que su clienta cumpla la condena de ocho años de prisión bajo arresto domiciliario con vigilancia electrónica. Esta solicitud surge tras su reciente ingreso a un establecimiento penitenciario, luego de ser hallada culpable del delito de organización criminal.

El requerimiento fue elevado ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Paiján, en la región de La Libertad, Perú. La intención principal es que la pena privativa de libertad sea conmutada por grilletes electrónicos o, en su defecto, que se apliquen medidas alternativas como la custodia hospitalaria o la prestación de servicios a la comunidad. La defensa argumenta razones humanitarias, destacando que Rojas Marín enfrenta un «riesgo vital» desde su internación el 5 de agosto en el penal El Milagro de Trujillo, un centro que padece un hacinamiento crítico, superando el 300% de su capacidad.

Este pedido cobra particular relevancia al considerar que, recientemente, se confirmó la condena de 17 años de prisión para los agentes policiales que torturaron y ultrajaron a Rojas Marín. Este caso, que llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), genera preocupación en su defensa sobre posibles represalias dentro del sistema penitenciario. Además, una universidad local había autorizado a la activista a continuar sus estudios de forma remota, pero su encarcelamiento implica la pérdida automática de su beca y frustra su proyecto académico.

En paralelo, la organización de derechos humanos Incluye Perú emitió un comunicado en el que subraya que, a pesar de la condena penal, Rojas Marín mantiene su condición de víctima de tortura y violencia sexual por parte de la policía, hechos reconocidos por la Corte IDH. La organización instó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a implementar los protocolos necesarios para evitar su revictimización y exigió su traslado a un penal de mujeres, en concordancia con su identidad de género, reafirmando que «el único derecho que pierde una persona sentenciada es el de la libertad, ningún otro derecho más».

Fuente original: Infobae