El fiscal federal Gerardo Pollicita ha dispuesto nuevas diligencias en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. La pesquisa busca desentrañar el origen de su patrimonio y la congruencia de sus ingresos formales, extendiéndose también a las obras realizadas en una propiedad del funcionario.
Entre las medidas solicitadas, Pollicita requirió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) información detallada sobre todas las operaciones con criptomonedas autorizadas en Argentina desde el año 2012. Paralelamente, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) deberá presentar los recibos de sueldo de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, retroactivamente hasta la misma fecha, con el fin de reconstruir su historial laboral y económico y cotejar posibles inconsistencias en sus declaraciones juradas.
La investigación también pone el foco en la propiedad de Adorni en el exclusivo country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz, así como en un departamento en el barrio porteño de Caballito, los cuales estarían bajo análisis por posibles irregularidades en su declaración. Asimismo, se examinan los vuelos realizados por el funcionario y su familia, y el estado de sus deudas, consideradas de valor relevante.
Un punto clave de la causa es la trazabilidad de fondos vinculada a la sucesión de su padre, Jorge Adorni, fallecido en 2002. El jefe de Gabinete había declarado haber encontrado una suma importante de dinero en un inmueble, la cual, según sus dichos, le habría permitido iniciar inversiones en bitcoins. Además, el fiscal analiza información patrimonial de su hermano, el diputado provincial de La Libertad Avanza, Francisco Adorni, para contrastar declaraciones y antecedentes.
Las declaraciones juradas de Adorni muestran un salto significativo en el monto de una herencia reportada, pasando de 10,2 millones de pesos en 2024 a 73 millones al año siguiente, coincidiendo con la incorporación de tenencias en criptomonedas a su patrimonio entre 2021 y 2023. La fiscalía busca establecer si estos movimientos se condicen con sus ingresos declarados y si existe un enriquecimiento patrimonial injustificado.
Fuente original: Cadena 3