Un escándalo político sacude la campaña presidencial en Colombia. Abelardo de la Espriella, uno de los candidatos, fue denunciado penalmente por su oponente Iván Cepeda, quien lo acusa de estar implicado en un presunto desfalco del sistema de salud. La situación generó un fuerte cruce de declaraciones y elevó la tensión en la recta final hacia las elecciones.
De la Espriella no tardó en responder a los señalamientos, utilizando sus redes sociales para rechazar categóricamente las acusaciones. En un mensaje directo, el abogado y candidato sugirió a Cepeda que “denuncie a todos los miembros del Gobierno y congresistas del Pacto Histórico que se han robado el país”. Además, afirmó que estas denuncias son “falsas” y “sin fundamento”, asegurando que no desviarán su enfoque de trabajar por Colombia y continuar con su campaña electoral.
La denuncia presentada por Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico, detalla la supuesta participación de De la Espriella en delitos vinculados al manejo irregular de recursos del sistema de salud en la región Caribe. Entre las acusaciones, se mencionan figuras como administración desleal, corrupción privada, fraude procesal y peculado por apropiación, tanto común como oficial.
El eje central de la investigación gira en torno a la relación de la firma jurídica de De la Espriella con la empresa Salud Vida EPS, que atravesó una grave crisis financiera y administrativa. Según Cepeda, en 2018, mientras Salud Vida EPS estaba bajo vigilancia especial de la Superintendencia Nacional de Salud por irregularidades, la firma del candidato habría firmado un contrato por 18.000 millones de pesos. De este monto, 3.000 millones corresponderían a honorarios y 15.000 millones a una “prima de éxito”. Cepeda sostiene que estos pagos se habrían realizado con fondos públicos o parafiscales, lo cual estaría prohibido para la defensa jurídica de directivos o propietarios de la EPS.
Además, la denuncia incluye una supuesta maniobra inmobiliaria en Panamá, donde Salud Vida EPS habría ocultado parte de su patrimonio. Se menciona la venta de 46 inmuebles por 164.000 millones de pesos a una sociedad panameña vinculada a los dueños de la EPS. Para Cepeda, tanto la contratación de la firma de De la Espriella como estos movimientos patrimoniales habrían sido mecanismos para desviar fondos del sistema de salud. Las autoridades judiciales ya fueron instadas a investigar a fondo la posible comisión de estos delitos.
Fuente original: Infobae