La Justicia Federal avanza en una causa de gran envergadura que investiga a una red criminal dedicada a desviar armas de fuego desde el circuito legal hacia el mercado clandestino. La Fiscalía Federal de Campana, junto a la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), ha solicitado la elevación a juicio de once personas, entre ellas un oficial de la Policía de la Ciudad, acusadas de conformar esta asociación ilícita.

Según la acusación, la banda operaba desde al menos enero de 2022, utilizando un sofisticado esquema: adquirían armamento de forma legal, registrándolo a nombre de “testaferros” o personas interpuestas. Sin embargo, estas armas nunca permanecían bajo la custodia de sus supuestos dueños ni en los domicilios declarados, desapareciendo de los registros y engrosando el circuito ilegal. La investigación reveló que al menos 742 armas de fuego fueron registradas a nombre de integrantes de la organización y no fueron halladas en su poder ni en sus domicilios, un claro indicio del desvío masivo.

La pesquisa se inició en septiembre de 2024 (N. del R.: se asume que la fecha es 2022 o 2023 por la cronología de los hechos), tras una denuncia de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). El trabajo de los fiscales Sebastián Bringas y Santiago Marquevich permitió desentrañar la operatoria. En abril de este año, se llevaron a cabo 140 allanamientos simultáneos en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán. Durante estos operativos, se lograron secuestrar unas 120 armas de fuego, incluyendo pistolas, revólveres, carabinas y escopetas semiautomáticas.

Tras las indagatorias, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dictó el procesamiento con prisión preventiva para el presunto jefe de la asociación ilícita y para los otros once imputados, a quienes también consideró coautores de provisión y circulación ilegal de armas de fuego. Al oficial de la Policía de la Ciudad se le sumó el cargo de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, se ordenaron embargos sobre los bienes de los acusados por montos que oscilan entre los 100 y 150 millones de pesos, de acuerdo a su nivel de participación. La causa ahora se encamina hacia el juicio oral, donde se definirá la responsabilidad penal de cada uno de los involucrados.

Fuente original: Infobae