La Justicia Federal ordena allanamientos en San Martín tras descubrir presunto fraude con empleados municipales inexistentes. Además, se prohíbe la salida del país al intendente Fernando Moreira.
La Municipalidad de San Martín se encuentra en el ojo del huracán luego una serie de revelaciones que sacudieron los cimientos de la gestión actual. La Justicia Federal, a cargo de la jueza Alicia Vence, lanzó una ofensiva legal tras detectar un presunto esquema de fraude en el que un empleado del Consejo Deliberante cobraba sueldos de trabajadores municipales que, en realidad, no existían.
Los allanamientos, llevados a cabo por la Policía Federal Argentina, tienen lugar luego de que un ciudadano denunciara en diciembre pasado la interrupción de su plan social del Ministerio de Desarrollo Social, debido a que percibía ingresos como empleado municipal de San Martín, lo cual resultaba incompatible con la percepción del plan social. Esta denuncia sirvió como punto de partida para una investigación que reveló un entramado de falsos empleados y cobros irregulares.
Según las pesquisas, el empleado del Consejo Deliberante en cuestión utilizaba múltiples tarjetas de débito para retirar dinero de supuestos trabajadores municipales inexistentes, quienes figuraban en los registros del municipio, pero no tenían ninguna relación laboral real con la institución. Este escándalo ha llevado a la jueza Alicia Vence a ordenar la prohibición de salida del país para cinco personas involucradas en el caso, entre ellas el intendente de San Martín, Fernando Moreira.
Esta medida judicial generó un fuerte impacto en la política local, dado que Moreira, quien ostenta una posición destacada en el ámbito municipal y responde políticamente a Unión por la Patria, es considerado la mano derecha de Gabriel Katopodis. La situación deja al descubierto la fragilidad de los controles internos en la gestión municipal y plantea serias interrogantes sobre la transparencia y legalidad de los procedimientos administrativos en San Martín.
Este nuevo escándalo, que guarda similitudes con el famoso caso «Chocolate» Rigau en La Plata, pone de manifiesto la necesidad de una profunda revisión de los sistemas de control y fiscalización en el ámbito municipal, así como una mayor vigilancia sobre la gestión de recursos públicos para prevenir y combatir la corrupción. Mientras tanto, la Justicia continúa con su investigación para esclarecer el alcance y las responsabilidades en este complejo entramado de irregularidades en la administración pública de San Martín.