“Trampa” y “fraude”, con esas palabras y un total desconocimiento de la Ley Electoral, Karina Milei y el abogado Santiago Viola, apoderados de La Libertad Avanza, pidieron que se garantice la intervención de fiscales, de la Armada y la Fuerza Aérea para acompañar las urnas hasta el centro de cómputos al finalizar el comicio. La Jueza Servini explicó que el artículo 106 del Código Electoral ya lo autoriza.
A tres días del balotaje,La Libertad Avanza denunció irregularidades en las elecciones del 22 de octubre, basado en denuncias de «redes sociales”. En la presentación, acusan a la Gendarmería como responsables de esas maniobras y solicitaron una custodia especial de fiscales y las Fuerzas Armadas de las urnas.
La realidad es que las actas no van dentro de la urna sino en un bolsín que el Correo Argentino sella delante del presidente de mesa. En ese bolsín va el padrón, el acta de escrutinio, los votos recurridos e impugnados y las actas complementarias. El precinto es inviolable. Por otro lado, en la urna va un certificado del escrutinio que lleva la firma de las autoridades de mesa, además de los sobres y boletas con votos válidos. Esa urna se cierra con una faja que cubre la ranura. La Gendarmería solo custodia, pero no toca los bolsines ni la urna. Además, el suplente asignado a la mesa tiene una copia del acta original, con lo cual el acta tiene con qué chequearse.
Sin embargo, LLA asegura que una vez cerradas las mesas de votación, la Gendarmería “cambia el contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican (el resultado) en favor del partido gobernante y de Sergio Massa, lo cual altera considerablemente el resultado electoral” por “una contraprestación de parte de los instigadores a quienes realicen esas prácticas” actuando en complicidad con los jefes regionales. Las denuncias que habría recibido LLA por este delito son anónimas y «por redes sociales».
Según la versión de la hermana de Milei y Viola, las irregularidades se dieron en mesas porteñas, Buenos Aires, Chaco, Tucumán, a las que señalaron como “las provincias más beneficiadas por los planes sociales”, sumado a Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz, Formosa y “seguramente en otras dos provincias”.
En el escrito, donde denunciaron el supuesto cambio de planillas y urnas, Milei y Viola señalan a la Gendarmería Nacional: «en algunos ámbitos de esta ciudad y especialmente en la provincia de Buenos Aires y el interior del país) los integrantes de cada mesa se van a su casa tras el cierre de la misma y la realización del escrutinio. Una vez que eso ocurre, las urnas van a las fuerzas de seguridad, donde aparece la Gendarmería.
Para ejemplificar, añadieron: «Si en la documentación auténtica y original se estableció ‘La Libertad Avanza’ 40 votos y ‘Unión por la Patria’ 10 votos, consignan falsamente: ‘La Libertad Avanza’ 10 y ‘Unión por la Patria’ 40 votos. Es decir, modifican lo debidamente establecido en las actas que, hasta ese momento, no fueron transmitidas por carecer esas escuelas concretas con centros de transmisión».
«En algunos casos modifican los números asentados en las actas y, en otros, cambiarían directamente el acta en cuestión por otras con firmas imitadas de aquellas que estaban en el acta original, modificando el resultado de la elección«, afirman.
Para ejemplificar, añadieron: «Si en la documentación auténtica y original se estableció ‘La Libertad Avanza’ 40 votos y ‘Unión por la Patria’ 10 votos, consignan falsamente: ‘La Libertad Avanza’ 10 y ‘Unión por la Patria’ 40 votos. Es decir, modifican lo debidamente establecido en las actas que, hasta ese momento, no fueron transmitidas por carecer esas escuelas concretas con centros de transmisión».
Cabe aclarar que la denuncia de LLA fue realizada sin aportar ningún tipo de pruebas, por lo que en el mismo documento señalan: «Obviamente, por razones de seguridad personal, las personas que nos han comunicado dichas cuestiones prefieren mantenerse en el anónimo, y más allá de lo ya sucedido, entendemos que resulta de vital importancia ponerlo a conocimiento a fin de que se tomen los recaudos necesarios en el traslado de urnas en la segunda vuelta», escribieron en el documento enviado a Servini.
Más adelante volvieron a lamentar que «la única información y prueba que contamos al respecto es lo recabado a través de redes sociales y personas que decidieron no identificarse».
Definieron esa maniobra como «un fraude colosal» carente del control de las autoridades y fiscales de mesa, en relación con el transporte al centro de cómputos.
«No contamos, lamentablemente, con un detalle de cuál podría haber sido la incidencia de lo que ocurrió en las elecciones generales de octubre del 2023, pero entendemos que resulta de vital importancia ponerlo en conocimiento a fin de que se extremen las medidas en el traslado de urnas», insistieron.
El juzgado que preside la Jueza Servini debió aclararles que eso está permitido y previsto desde siempre de acuerdo a la Ley Electoral vigente.
En la delirante presentación de LLA, también se pide a la Justicia Electoral que refuerce los controles, ya que “el transporte al centro de cómputos se realiza con la documentación y urnas falsificadas sin control de las autoridades y fiscales de mesa que no los acompañan” y para ello ofrecen a sus fiscales para que custodien las urnas hasta el centro de cómputos y quieren la intervención de la Fuerza Área Argentina y las Fuerzas Armadas.
Además, solicitan que una vez que las urnas y los bolsines lleguen a las oficinas de correo, las habitaciones se “sellen” en presencia de los fiscales, es decir que se bloquen puertas y ventanas, “y cualquier otra abertura”. “Los fiscales podrán custodiar las puertas todo el tiempo que las urnas permanezcan en él”.
Tras la presentación de LLA, la Jueza Servini remitió una copia al Procurador Fiscal Electoral para que evalúe si corresponde el inicio de una investigación de lo denunciado por Milei y Viola, a la vez que respondió a los apoderados de La Libertad Avanza que sus fiscales «podrán participar de las tareas de custodia y seguimiento de las urnas y documentación electoral», tal como lo establece el Código Electoral Nacional.
En lo referente al pedido de la intervención de las Fuerzas Armadas y Aérea, la Jueza resaltó: «Las tareas de coordinación y ejecución referentes a las medidas de seguridad se encuentran a cargo del Comando General Electoral, en cabeza del Ejército Argentino». Al mismo tiempo, pidió que ese órgano esté en conocimiento de lo advertido por LLA.