La comunidad científica, el ámbito universitario y gremios docentes volvieron a reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, tras una jornada nacional con 24 horas de actividades en las calles, servicios gratuitos y divulgación científica. En una carta abierta, destacaron que las transferencias a las universidades públicas han caído un 45,6% desde diciembre de 2023, afectando servicios esenciales y salarios docentes.
El comunicado resaltó que «en todos los aspectos estamos funcionando a la mitad», debido a los recortes presupuestarios. Los gremios denunciaron la «angustiante e injusta situación salarial de docentes y nodocentes», señalando que sin salarios dignos no hay educación de calidad. Además, exigieron la actualización de los programas de becas para estudiantes.
El Consejo Interuniversitario Nacional y otros organismos firmaron la carta, destacando que la ley aprobada el 2 de octubre en los artículos 5 y 6 podría resolver parte de las problemáticas. Sin embargo, denunciaron que el gobierno no cumple con el fallo judicial que ordena su aplicación. En este contexto, notificaron formalmente a la justicia el incumplimiento y enviaron una nota a la Ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, para exigir la convocatoria a la paritaria nacional.
Los responsables del comunicado incluyen a la Federación Universitaria Argentina, la Asociación Gremial de Docentes de Tecnologia Nacional, la Unión de Docentes Argentinos y otros gremios. En caso de no resolver el tema, anunciaron la convocatoria a una nueva manifestación en mayo para defender la educación, la universidad pública y la ciencia nacional.
La situación refleja un conflicto profundo entre el sector educativo y el gobierno, donde el incumplimiento de la ley pone en riesgo el futuro de la educación superior y la investigación en Argentina. La urgencia de actuar no solo afecta a las universidades, sino a toda la sociedad, que depende del conocimiento y la innovación para su desarrollo.

