Economía

Carasso niega defraudación al Pami y asegura su inocencia

10/06/2026 2 min de lectura Por Redacción
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El ex presidente de la UCR Córdoba, Marcos Carasso, negó este martes cualquier participación en hechos de defraudación contra organismos estatales y rechazó las acusaciones de ser parte de una organización delictiva. En un comunicado, indicó que las actuaciones en su contra aún se encuentran en estado de sumario y que no podrá precisar detalles hasta que se declaren los otros imputados del caso.

Carasso se presentó en el Juzgado Federal de Río Cuarto, a cargo del juez Raúl Ochoa, tras los allanamientos en su domicilio y en la oficina que ocupa en el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Aclaró que compareció espontáneamente ante la Justicia y solicitó que se le cite a declarar para ejercer su derecho a la defensa.

La investigación, liderada por el fiscal Rodolfo Cabanillas, se enmarca en una pesquisa por presunta asociación ilícita y defraudación al Pami, con un perjuicio estimado en 1.400 millones de pesos. Entre los principales imputados figuran Gonzalo Lima, Pablo Adzich, Lucas Kurilkowich y el exjefe médico del Pami, Víctor Genesio, quien ya recuperó la libertad.

Según fuentes judiciales, la imputación de Carasso no está vinculada al tramo de la investigación referido a la facturación. Sin embargo, se reveló que el ex intendente de General Cabrera ejercía como vocal en el Tribunal de Cuentas, por el cual percibía un sueldo de ministro. La pesquisa se inició tras denuncias anónimas sobre servicios de rehabilitación no realizados.

El ex diputado nacional, quien también fue candidato a vicegobernador de Luis Juez en 2023, anticipó que aclarará la situación cuando se revele el secreto de las actuaciones. Mientras tanto, el caso sigue en desarrollo, con el juez Ochoa a cargo del proceso y la Justicia federal investigando los hechos.

La situación refleja la complejidad de los casos de corrupción en instituciones estatales, donde la transparencia y el acceso a la justicia son cruciales para esclarecer responsabilidades y garantizar la confianza pública en los organismos investigados.