Madrid, 21 ago (EFE).-La Audiencia Nacional lleva tiempo alertando de la sobrecarga de trabajo, que hace que las causas permanezcan años dormitando hasta ser juzgadas. Y para muestra, un botón: el caso Lezo, que arrancó en 2016 y en el que fue detenido el expresidente madrileño Ignacio González, llega a juicio tras el verano, una década después.

En julio de 2016, una querella de la Fiscalía por posibles irregularidades en operaciones del Canal de Isabel II motivó la apertura de una causa que, meses después, ya en 2017, detonó en el arresto e ingreso en prisión de Ignacio González, mano derecha durante años de Esperanza Aguirre.

González estuvo en prisión preventiva unos seis meses por una causa que se dividió en diferentes ramificaciones, y aún no ha sido juzgado.

Diez años después y tras varios intentos frustrados, la Audiencia Nacional ha fijado para los próximos meses varios juicios del caso Lezo, el primero, el 7 de septiembre, en el que Ignacio González no se sentará en el banquillo.

El primer juicio está programado entre el 7 de septiembre y el 8 de octubre, según una providencia a la que ha tenido acceso EFE. Se centra en la compra en 2001 de la empresa Inassa por parte del Canal, supuestamente con un sobreprecio de al menos 19 millones de euros, unos hechos que no afectan a Ignacio González, que salió de esta pieza en 2019.

La Fiscalía acusa a 22 personas, entre ellas Juan Bravo y Pedro Calvo, exconsejeros del Gobierno regional de Alberto Ruiz Gallardón y para quienes pide 7 años de cárcel.

Será a partir del 13 de octubre cuando Ignacio González vaya por primera vez a juicio por supuestas irregularidades en adjudicaciones asociadas a Canal Golf, en el que se enfrenta a una petición de seis años de cárcel.

Los hechos giran en torno a la contratación «impuesta, innecesaria e irregular» de la empresa del hermano y cuñado de González -también acusado- en dos concursos públicos promovidos por el Canal, «pese a carecer de toda capacidad para ejecutar los trabajos subcontratados». Esta empresa, según la investigación, ganó 504.780 euros.

Ya en enero, la Audiencia Nacional ha fijado el tercer juicio, el de la compra de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II en 2013, según las fuentes consultadas por EFE.

La Fiscalía pide por esta pieza ocho años de cárcel para Ignacio González, a quien acusa de repartirse con otras cuatro personas 5,4 millones de dólares en comisiones ilegales.

Son muchos los ejemplos que, como Lezo, permanecen años en una especie de ‘lista de espera’ de juicio: la familia Pujol se sentó en el banquillo en 2025, trece años después de arrancar la investigación; y precisamente a finales del año pasado, eran al menos veinte los casos que se encontraban a la espera de juicio.

El famoso caso Gürtel tardó 16 años en juzgarse desde que arrancó la investigación; y Púnica, que estalló en 2014 con la detención del exconsejero madrileño Francisco Granados, aún tiene piezas por juzgar.

Además de la aducida sobrecarga de trabajo, contribuyen a esta situación la falta de salas disponibles para albergar macrocausas con muchos acusados y testigos durante muchas sesiones, apuntan fuentes consultadas por EFE.

Y si un procedimiento tiene presos preventivos, tiene prioridad sobre el resto para llegar a juicio. EFE

Fuente original: Infobae

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