El Gobierno nacional se encuentra bajo una fuerte presión, tanto judicial como gremial, para cumplir con la recomposición salarial de los trabajadores universitarios. El Frente Sindical de las Universidades Nacionales ha intimado al Ejecutivo, a través del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, para que abone el aumento adeudado antes del 30 de septiembre.

Esta exigencia se fundamenta en la Ley de Financiamiento Universitario (N°27.795), la cual prevé una recomposición salarial del 33,4%. Según los gremios, esta actualización está pendiente desde agosto y debe ser abonada con carácter remunerativo y bonificable. La situación se agrava luego de que el juez federal Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, ya había ordenado al Gobierno actualizar los fondos destinados a las universidades, estableciendo un plazo de cinco días para su cumplimiento.

Además del pago de los salarios adeudados, el Frente Sindical demanda la convocatoria inmediata a la negociación paritaria nacional para los sectores docente y no docente de las universidades. También insisten en la incorporación de bonificaciones y sumas no remunerativas a los sueldos, tal como lo establecen los convenios colectivos de trabajo.

En su presentación, los gremios advierten que, de no concretarse el pago de la recomposición salarial antes de la fecha límite del 30 de septiembre, se iniciarán las “denuncias penales correspondientes” y se informará del incumplimiento al tribunal pertinente, solicitando la identificación de los funcionarios responsables.

La Ley 27.795, que es el eje central de este conflicto, fue sancionada por el Congreso en agosto de 2025, ratificada en octubre del mismo año tras observaciones del Ejecutivo y publicada oficialmente. Este conflicto se enmarca en un plan de lucha más amplio que incluye una nueva Marcha Federal, prevista para el 15 de octubre, impulsada por los gremios (entre ellos CONADU, FATÚN, CONADU Histórica, FEDÚN, CTERA, FAGDUT y UDA) ante la insatisfacción generalizada y el rechazo a la oferta salarial del 3% por parte de la administración nacional.

Fuente original: Chaco Día por Día