El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de Tucumán reveló un alarmante hallazgo: más de 800 viviendas se encuentran desocupadas en la zona céntrica de San Miguel de Tucumán. Este dato surge de un relevamiento exhaustivo realizado sobre un área de 20 kilómetros cuadrados de la capital, que también identificó 547 inmuebles con carteles de venta o alquiler y otros 275 en estado de abandono.

Hugo Cabral, interventor del IPV, explicó que esta investigación es parte de una estrategia para identificar recursos habitacionales “dormidos” que puedan ser utilizados frente a la creciente demanda. En la capital tucumana, más de 33.000 familias esperan una vivienda, y los espacios urbanos disponibles para nuevos proyectos son cada vez más escasos, lo que agrava la paradoja de tener tantas casas sin gente.

Ante esta situación, el IPV planea una iniciativa para trabajar con los propietarios y el municipio, buscando reactivar estas propiedades. La idea es refaccionar, alquilar o vender los inmuebles, e incluso el Estado provincial podría intervenir ofreciendo condiciones más favorables a los beneficiarios que las que impone el mercado o la banca tradicional. Cualquier acción sobre propiedades privadas requerirá acuerdos y gestión urbana conjunta.

Además de la recuperación, Cabral mencionó la posibilidad de transformar algunos espacios irrecuperables en pequeños emprendimientos habitacionales de hasta tres niveles, buscando generar “microdensidades” que den más vida a la ciudad. Por el momento, el IPV está formulando esta propuesta para presentarla al municipio, en el marco de las discusiones sobre el código de planeamiento urbano y el futuro crecimiento de San Miguel de Tucumán.

Finalmente, el interventor aprovechó para alertar sobre las estafas relacionadas con la adjudicación de viviendas del IPV. Recalcó que el organismo no acepta gestores y que la inscripción es gratuita a través de su página web. Las viviendas se asignan por sorteos públicos, y cualquier denuncia de fraude es informada a las autoridades competentes. El IPV se enfrenta al gran desafío de dar respuesta a la demanda habitacional y espera presentar un plan estratégico en marzo para reducir los largos tiempos de espera.

Fuente original: La Gaceta