Una grave denuncia sacude a Venezuela tras el asesinato de Julio Rodríguez, un respetado líder del pueblo indígena Jivi Ekunay, quien había sido secuestrado el pasado 2 de agosto en el estado Bolívar, una región fronteriza con Brasil. La organización Provea, dedicada a la defensa de los derechos humanos en el país caribeño, confirmó la trágica noticia, atribuyendo la autoría del crimen a presuntas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Según el reporte de Provea, Rodríguez fue raptado a la fuerza por hombres armados en la comunidad Jivi Ekunay, en Los Pijiguaos. Tras su desaparición, un grupo de líderes y jóvenes indígenas emprendió su búsqueda, pero fueron emboscados y atacados con drones que sobrevolaron la zona, lanzando artefactos explosivos. Uno de los buscadores resultó gravemente herido. Estos hechos fueron presentados ante Clara Vidal, la ministra para los Pueblos Indígenas, en un intento desesperado por obtener respuestas y protección.

La ONG ha exigido una investigación exhaustiva y una sanción ejemplar para los responsables de este crimen, además de la implementación de medidas urgentes para salvaguardar los territorios indígenas. Provea ha documentado una alarmante cifra de más de 48 indígenas asesinados desde 2010, pertenecientes a diversas etnias como Pemon, Warao, Jivi, Yanomami, Piaroa y Wayuu. Estos crímenes son perpetrados tanto por agentes de la fuerza pública como por actores no estatales, incluyendo a las disidencias de las FARC y el ELN, en el marco de conflictos por el control de zonas ricas en recursos naturales.

Venezuela, a pesar de poseer las mayores reservas de petróleo del mundo, también cuenta con importantes yacimientos de oro, diamantes y tierras raras. Estas vastas áreas mineras se encuentran, en gran medida, bajo el dominio de bandas armadas y grupos guerrilleros. La persistencia de estas estructuras criminales, sumada a la ausencia institucional del Estado y la imposición de medidas que afectan los derechos de los pueblos originarios, mantiene a estas comunidades en un estado de amenaza constante y vulnerabilidad extrema.

Las autoridades indígenas de la comunidad Jivi Ekunay han denunciado que sus familias viven bajo un régimen de zozobra permanente. Aseguran que las disidencias de las FARC hacen presencia «todas las noches», controlan las áreas circundantes y bloquean el acceso a sus zonas tradicionales de caza, pesca y recolección. Esta situación no solo genera terror, sino que también destruye la soberanía alimentaria de la comunidad, dejándolos desprotegidos y sin medios de subsistencia básicos.

Ante este panorama desolador, los voceros de la comunidad han elevado sus demandas a la ministra Clara Vidal, con la esperanza de que sean transmitidas a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Exigen al Estado venezolano que garantice la soberanía nacional y la paz pública mediante la retirada y expulsión definitiva de los grupos armados irregulares que operan impunemente en sus tierras. Además, reclaman a la Fuerza Armada Nacional y a los organismos de inteligencia el despliegue de planes de seguridad coordinados con las autoridades tradicionales indígenas, así como la implementación de un «plan de desarrollo integral» para los habitantes de la región, que les permita vivir con dignidad y seguridad en sus propios territorios.

Fuente original: Infobae