El juicio en el que se investiga a Cristina Kirchner y Julio De Vido se ha caracterizado por testimonios de presiones y coerción, según declaraciones de exfuncionarios y empresarios. Rafael Llorens, exasesor legal de Planificación, relató que fue amenazado por el fiscal Stornelli para que confesara hechos que no habían ocurrido, mientras que su esposa recibía mensajes para que se arrepintiera.
El exdirector de Yacyretá, Oscar Thomas, explicó que optó por enfrentar la detención tras escuchar frases como ‘había sortijas para pocos’ de parte de Stornelli. Por su parte, el exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, denunció que el mecanismo de investigación se basa en testimonios de ‘arrepentidos’ cuyas declaraciones no tienen respaldo evidente.
Los abogados de los imputados cuestionaron la validez de las declaraciones de los testigos, argumentando que el silencio de los ‘arrepentidos’ vulnera el derecho a la defensa. Maximiliano Rusconi, abogado de Cristina Kirchner, destacó que el caso se enmarca en un contexto ‘antijurídico y violatorio del estado de derecho’.
El fiscal Stornelli negó las acusaciones de presión, mientras que el juez Bonadío fue señalado por algunos testigos como parte de un entramado que involucraba a empresarios y figuras cercanas a la familia Eskenazi. Los abogados pidieron investigar a agentes penitenciarios y escribanos que protocolizaron declaraciones de coacción.
El caso plantea una reflexión sobre la credibilidad de los testimonios y la necesidad de garantizar la imparcialidad en procesos que involucran a figuras políticas y empresariales. La falta de pruebas documentales sólidas y la contradicción entre declaraciones generan incertidumbre sobre la justicia del juicio.