El Congreso de la Nación se convirtió en escenario de una intensa disputa entre el oficialismo y la oposición en torno a la legislación que regula los derechos y beneficios de las personas con discapacidad. Mientras que La Libertad Avanza logró un dictamen de mayoría para su propuesta de «Ley de Fortalecimiento Permanente de Discapacidad», un amplio sector de la oposición insiste en prorrogar la actual Ley de Emergencia, que vence a fin de año.

La iniciativa del oficialismo busca consolidar en un marco legislativo la declaración de emergencia, ratificando el valor de la pensión por discapacidad en un 70% del haber mínimo jubilatorio y manteniendo la compatibilidad con el empleo formal hasta dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Además, promete incorporar partidas presupuestarias específicas, fijar un cronograma para compensaciones económicas pendientes y crear un sistema de auditorías periódicas. La diputada Laura Rodríguez Machado defendió el proyecto, calificándolo de «superador» y criticando la tendencia a vivir en «emergencia permanente».

Sin embargo, la oposición, que reunió 36 firmas para la prórroga de la Ley de Emergencia hasta fines de 2027, expresó serias dudas y desconfianza. Diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas y el Frente de Izquierda denunciaron que el dictamen oficialista fue trabajado «en secreto», sin la consulta adecuada con las organizaciones del sector y el colectivo de personas con discapacidad. Recordaron el veto presidencial a la Ley de Emergencia en 2025 y señalaron la incertidumbre sobre la real ejecución de lo propuesto, en un contexto de recortes y problemas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La situación se agrava por el escepticismo sobre el compromiso del Poder Ejecutivo Nacional. Con el ministro de Economía, Luis Caputo, en el exterior, persisten las dudas sobre si el Gobierno finalmente avalará este proyecto o si podría haber un retroceso, especialmente considerando que el Presupuesto 2027 originalmente proponía derogar la movilidad de las pensiones por discapacidad. La preocupación es palpable, y se teme que la nueva ley pueda ser una pantalla para encubrir futuros ajustes que afecten directamente a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina.

Fuente original: Chaco Día por Día