Opinión

Spagnuolo evita declarar ante acusaciones de corrupción en ANDIS

28/04/2026 2 min de lectura Por Redacción
Espacio publicitario

Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y exabogado del presidente Javier Milei, se negó a declarar este martes ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, en el marco de la causa que investiga coimas y sobreprecios en la compra de medicamentos para personas con discapacidad. El exfuncionario quedó en el ojo de la tormenta tras la filtración de audios que lo vinculan a una trama de corrupción en el Gobierno.

Al salir de Comodoro Py, Spagnuolo se mostró irritado al ser abordado por la prensa y respondió: “Estamos dando las explicaciones. No es la única oportunidad en la que se puede declarar”. El exdirigente ya había sido indagado y procesado por delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo.

El juez Ariel Lijo lo convocó a declarar por segunda vez tras un dictamen del fiscal Franco Picardi, quien señaló que el mecanismo de sobreprecios en ANDIS no solo afectaba medicamentos, sino también insumos como ortopédicos y audífonos. El Juzgado ordenó la inhibición general de bienes para 29 personas investigadas, incluyendo al exdirector nacional de Salud, Daniel María Garbellini, y al presunto lobbista Miguel Ángel Calvete.

Según el fiscal Picardi, Spagnuolo ocupó una posición clave en el esquema investigado, permitiendo el direccionamiento de contrataciones a proveedores en cambio de beneficios. Además, se indicó que parte de los montos ilegítimos retornaron a Spagnuolo mediante pagos directos o compras de mobiliario.

El escándalo se intensificó tras la filtración de audios donde Spagnuolo mencionaba a Karina Milei y a su asesor Lule Menem en una supuesta operación de coimas con fondos de personas con discapacidad. El caso pone en entredicho la transparencia del Gobierno de Milei y deja abierta la posibilidad de que más actores sean involucrados en la investigación.

La situación refleja la complejidad de los casos de corrupción en instituciones públicas, donde la falta de transparencia y la manipulación de contratos pueden afectar gravemente a sectores vulnerables, como las personas con discapacidad.