La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley que prohíbe el uso de tecnologías remotas en la fiscalización ambiental, lo que pone en peligro las iniciativas del gobierno para combatir la deforestación ilegal en la Amazonía. La iniciativa, respaldada por parlamentarios centroderechistas vinculados al sector agropecuario, impide al Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) utilizar imágenes satelitales, un método clave para detectar actividades ilegales.
El texto aún debe ser aprobado por el Senado antes de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva lo firme. El gobierno se comprometió a eliminar la deforestación ilegal en la Amazonía para 2030, pero el nuevo proyecto exige notificar previamente a los acusados de tala ilegal, un cambio que podría retrasar investigaciones y sanciones.
Según el ministerio, el 90% de la fiscalización ambiental se basa en imágenes de satélite. La aprobación del proyecto ocurre en un contexto de ofensiva del agronegocio, que busca debilitar leyes de protección ambiental. Además, se aprobó otro proyecto que reduce un 40% el área de la Floresta Nacional do Jamanxim, una reserva en el estado de Pará.
Otra iniciativa, que ya fue enviada al Senado, busca debilitar la protección de los campos nativos y otras formaciones no forestales, que cubren 48 millones de hectáreas. Estas medidas generan preocupación en el sector ambiental, que advierte que podrían frenar los esfuerzos para preservar la biodiversidad y cumplir con compromisos internacionales.
El ministro de Medio Ambiente, João Paulo Capobianco, calificó los proyectos como un «retroceso inimaginable». La situación plantea una pregunta urgente: ¿Cómo podrá Brasil mantener su liderazgo ambiental si se priorizan intereses económicos por encima de la conservación del planeta?