El peronismo impulsó en el Senado un proyecto de ley de tarifa eléctrica diferencial para el Norte Grande, una región integrada por 10 provincias del noroeste y noreste argentino. La iniciativa, consensuada por legisladores justicialistas, incluye descuentos del 50% para sectores de bajos ingresos y un 35% para medios, con el objetivo de garantizar el acceso a la energía eléctrica de forma equitativa.
El proyecto establece la creación de un «Régimen Federal de Tarifa Diferenciada de Energía Eléctrica para el Norte Grande Argentino», bajo la supervisión de la Secretaría de Energía de la Nación. No establece límites al consumo subsidiado ni a los aumentos, los cuales pueden superar salarios o precios mayoristas. Además, contempla un IVA del 0% para usuarios sin gas natural y la presentación de informes trimestrales al Congreso.
La propuesta fue presentada en una conferencia de prensa en el Congreso por senadores como Florencia López (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Jorge Capitanich (Chaco) y Lucía Corpacci (Catamarca). José Mayans (Formosa) destacó el impacto del atraso salarial en la región, mientras que Capitanich resaltó que el Norte Grande representa un tercio de la superficie argentina y el 20% de la población.
El proyecto se enmarca en la continuidad del Régimen de Zona Fría, creado en 2021, aunque con ajustes. Sin embargo, senadores de La Libertad Avanza (LLA) criticaron la iniciativa, defendiendo la necesidad de abordar monopolios, mientras que el radicalismo se mostró cauteloso. Políticamente, la iniciativa podría generar tensiones entre el peronismo, los radicales y los provincialismos en el Norte Grande.
El debate refleja las tensiones entre los distintos actores políticos en la región, donde el peronismo, los radicales y los provincialismos mantienen posiciones divergentes. La propuesta, si se aprueba, podría marcar un cambio significativo en la política energética argentina, aunque su implementación dependerá de consensos nacionales y locales.