La provincia de Córdoba se ve nuevamente inmersa en un fuerte cimbronazo judicial y político. Este viernes, la Justicia ordenó la detención de Ariel Alejandro Rodríguez, quien se desempeñó como asesor del ex legislador provincial Ernesto Ramón “Cañito” Flores. Rodríguez había sido condenado en primera instancia por los delitos de usurpación y peculado, y su arresto marca la segunda vez que un ex empleado vinculado a Flores es puesto tras las rejas.

La medida fue dispuesta por el Tribunal de la Cámara del Crimen de Deán Funes, respondiendo a un pedido de captura inmediata del abogado de Lucas Arellano, quien había denunciado a Rodríguez por la apropiación ilegal de un terreno de su propiedad. El ex asesor, quien también trabajaba en la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), fue hallado en Villa de María, departamento de Río Seco, y trasladado a la cárcel de Cruz del Eje. Había sido sentenciado a tres años y tres meses de prisión efectiva, pero se mantenía en libertad debido a un recurso de casación. Sin embargo, la fiscal de Cámara Carolina Elías avaló el pedido de detención, argumentando un supuesto riesgo de fuga.

Este nuevo arresto se suma a la delicada situación que atraviesa el círculo cercano de Flores. Previamente, José Aníbal Ricardo Villarreal, otro ex asesor, fue detenido en agosto y permanece preso en Cruz del Eje. Villarreal está siendo investigado por graves delitos como grooming, abuso sexual con acceso carnal reiterado y promoción a la corrupción de menores, con víctimas de entre 13 y 16 años. La investigación de este caso, que inicialmente se activó por la búsqueda de una adolescente desaparecida y que tuvo un procedimiento en Santiago del Estero, cuenta con 16 personas imputadas y continúa desentrañando una compleja red.

La acumulación de estas detenciones genera un impacto significativo en el ámbito político cordobés. La Justicia sigue recabando pruebas y analizando las responsabilidades de cada involucrado, mientras que el propio ex legislador Flores presentó su renuncia a su cargo tras el estallido del caso Villarreal, aunque sin reconocer acusaciones en su contra. Estos episodios ponen de manifiesto una profunda crisis en la confianza pública y exigen una investigación exhaustiva para esclarecer todas las conexiones y responsabilidades.

Fuente original: Infobae