El presidente Javier Milei reafirmó durante el AmCham Summit 2026 su compromiso con la política de superávit fiscal, señalando que «la motosierra no para». En un contexto de caída de ingresos, insistió en recortar gasto público para reducir impuestos, calificando los impuestos como «un robo».
Según datos de la Tesorería de la Nación, la deuda flotante por transferencias de la Administración Central creció un 60% real interanual, alcanzando los $1,02 billones en febrero de 2026. Este aumento incluye transferencias a provincias, municipios, universidades, empresas públicas y subsidios al sector privado, lo que ha provocado retrasos en pagos a transporte y el PAMI.
Graciela Ocaña, exdirectora del PAMI, criticó que el Ministerio de Economía «pisa fondos del PAMI y distritos» para cumplir con el superávit fiscal. Lorenzo Sigaut Gravina, economista, explicó que frenar pagos es clave para sostener el superávit primario, que en febrero alcanzó $1,4 billones.
El ministro de Economía, Luis Caputo, viajó a Washington para negociar con el FMI, mostrando cumplimiento de metas de superávit primario. Tras la aprobación técnica del FMI, se espera un desembolso de u$s1.000 millones, aunque el Ministerio busca ponerse al día con la deuda acumulada.
El ajuste fiscal, aunque necesario para estabilizar la economía, ha generado tensiones en servicios públicos y transporte. La reflexión final apunta a que el equilibrio entre disciplina fiscal y sostenibilidad social será clave para evitar mayores conflictos en los próximos meses.