La Fiscalía General de la República de El Salvador inició un proceso judicial sin precedentes contra 563 cabecillas históricos de la notoria pandilla Barrio 18. Estos líderes, pertenecientes a las facciones Sureños y Revolucionarios, son acusados de perpetrar un escalofriante total de 14.488 delitos desde 2012 hasta la actualidad. Este movimiento judicial representa un golpe contundente contra una de las organizaciones criminales más temidas del país centroamericano.
Según informó el Fiscal Adjunto Contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, este requerimiento marca el comienzo de un juicio que se espera sea ágil. La institución tiene previsto presentar el dictamen de acusación final en agosto, con el objetivo de que la audiencia única se celebre antes de fin de año y se defina la situación legal de la cúpula de esta estructura. Entre los imputados figuran figuras clave como César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de los Palmas”, líder de los Revolucionarios, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, cabecilla de los Sureños.
Los crímenes atribuidos a estos jefes pandilleros son de extrema gravedad, abarcando desde homicidios, extorsiones y secuestros hasta actos de terrorismo y tráfico de drogas. La investigación fiscal ha desenterrado una serie de hechos atroces que conmocionaron a la sociedad salvadoreña, incluyendo la masacre de San Juan Opico, donde fueron asesinados 14 trabajadores, y ataques con coches bomba contra el Ministerio de Seguridad. Bajo las actuales leyes salvadoreñas, la pertenencia a una organización terrorista puede acarrear penas de cadena perpetua, lo que asegura que estos criminales, de ser hallados culpables, pasen décadas tras las rejas.
Para sustentar esta robusta acusación, la Fiscalía utilizó de manera determinante la intervención de telecomunicaciones, que permitió frustrar numerosos atentados planificados por los cabecillas en tiempo real. Un ejemplo impactante fue el plan para detonar granadas militares contra la sede principal de la Fiscalía, que fue desarticulado gracias al monitoreo electrónico y la interceptación de explosivos en la carretera Panamericana. La evidencia también detalla cómo el tráfico de marihuana y cocaína era el principal motor financiero de la pandilla, permitiéndoles adquirir armamento y sostener sus operaciones delictivas.
Tras la presentación del caso, la jueza del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado ha otorgado un plazo inicial de dos meses para que el ministerio público formalice todas las pruebas científicas y testimoniales. Este proceso busca saldar una deuda histórica con la sociedad salvadoreña, llevando ante la justicia a quienes generaron zozobra y luto durante más de una década.
Fuente original: Infobae