La Audiencia Provincial de Madrid inició el análisis de una cuestión crucial que podría cambiar el rumbo del proceso judicial contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Los magistrados están evaluando la decisión del juez Juan Carlos Peinado de someterla a juicio mediante un jurado popular, un procedimiento que, de confirmarse, marcará un hito en la causa que la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción. Aunque la deliberación comenzó, no se espera que la resolución se haga pública de inmediato, ya que requiere un auto motivado.

En una sesión especial, cinco magistrados de la Audiencia, presididos por Rosario Martínez Meilán, tienen sobre la mesa tres puntos fundamentales. Además de la continuidad del procedimiento de jurado popular para Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, se examinará un recurso de la acusación popular contra el archivo del delito de intrusismo. También se abordará una posible división en la acusación popular que ejerce la organización Hazte Oír. Dada la relevancia y complejidad de los temas, fuentes judiciales no descartan que la deliberación se extienda por más de un día, buscando un consenso unánime.

La investigación, que se inició en abril de 2024, se centra en el rol de Begoña Gómez como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, en la creación y el patrocinio de un software asociado, y en la supuesta influencia a favor del empresario Juan Carlos Barrabés en contratos públicos. La Audiencia de Madrid, como instancia superior, ha tenido un historial de revisar y en ocasiones rectificar las decisiones del juez Peinado. De hecho, en el último año, ya revocó la investigación por malversación en una pieza separada y anuló una resolución previa del juez que también intentaba llevar la causa a jurado popular por falta de motivación.

Pese a las objeciones previas, el juez Peinado volvió a dictar un auto en abril, que luego ratificó en mayo, insistiendo en que los tres implicados sean juzgados por un jurado popular por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Sin embargo, la Fiscalía ha mantenido una postura contraria, solicitando el archivo de las actuaciones y, más recientemente, la absolución de los procesados, argumentando la ausencia de delito. La defensa de Begoña Gómez, por su parte, ha impugnado la decisión del juez, alegando que se basa en “conjeturas” sin pruebas y que la causa avanza “por ser cónyuge del presidente del Gobierno”.

La trascendental decisión de la Audiencia de Madrid llega poco después de que, el 20 de junio, el juez Peinado ordenara la apertura de juicio oral y estableciera medidas cautelares para Begoña Gómez y Cristina Álvarez, incluyendo la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales en el juzgado. La resolución de la Audiencia es un punto de inflexión fundamental, ya que podría respaldar los delitos imputados y la elección del jurado popular o, por el contrario, revocar las acusaciones y modificar drásticamente el curso del proceso.

Fuente original: Infobae