El Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec para marzo de 2026, que registró una inflación del 3,4 por ciento, es considerado por el Centro de Economía Política (CEPA) una «ficción estadística». La metodología actual, basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2004/05, ignora cambios radicales en el patrón de consumo argentino, especialmente en rubros como servicios, transporte y vivienda.
Según el CEPA, si se utilizara la ENGHo 2017/18, el IPC de marzo no habría sido 3,4 por ciento, sino 3,54 por ciento. La brecha se explica por la subponderación de servicios y transporte en la medición oficial, que actualmente representan el 11 por ciento del índice, cuando su peso real es del 14,5 por ciento. Esto oculta el impacto de ajustes tarifarios y aumentos en sectores clave.
El informe del CEPA destaca que la inflación acumulada desde la asunción de Javier Milei alcanzaría el 339,8 por ciento con los ponderadores actuales, 46,4 puntos porcentuales más que el 293,4 por ciento reportado oficialmente. En meses críticos de 2024, como junio y abril, la diferencia entre la inflación oficial y la real superó los 1,1 puntos porcentuales.
El gobierno, al postergar la actualización de la canasta de consumo, busca suavizar el impacto de la inflación en paritarias y jubilaciones. Sin embargo, esta «licuación de ingresos» afecta especialmente a los deciles pobres y medios, cuya canasta se ve más presionada por el transporte, alimentos y tarifas.
La metodología obsoleta del Indec no solo distorsiona la realidad económica, sino que también refuerza un relato de control sobre la inflación. El CEPA advierte que, con la inflación acumulada en 2026 ya superando la meta oficial del 10,1 por ciento, la «desidia estadística» del Ejecutivo deja en evidencia la pérdida de poder adquisitivo de los argentinos, oculta tras una herramienta de medición que no refleja la realidad actual.