Las facturas de energía podrían convertirse en el próximo frente de alivio para las zonas golpeadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026. Con 319 personas fallecidas, 4.506 heridas, 260 desaparecidas y 364 rescatadas, según el balance oficial con corte a las 6:30 p. m. de este 20 de agosto, el Gobierno estudia mecanismos para reducir la carga económica sobre hogares y empresas mientras avanza la recuperación.

Entre las opciones que analiza el Ministerio de Minas y Energía aparece una eventual congelación de tarifas, aunque el viceministro Armando José Cuello aclaró que todavía no existe una decisión definitiva sobre esa posibilidad. La discusión comenzó después de que el sistema eléctrico superara la etapa más crítica tras el sismo. Aunque la infraestructura de generación permaneció intacta, el impacto económico sobre los usuarios abrió un nuevo debate sobre cómo evitar que las facturas se conviertan en un obstáculo adicional.

Durante su intervención en el Foro Energético Andeg 2026, Cuello explicó que el terremoto no afectó los generadores, los embalses ni las centrales térmicas. La mayor consecuencia se concentró en el consumo, que llegó a registrar una caída cercana al 18% en la demanda nacional. Mientras tanto, la recuperación del servicio avanzó con rapidez. De acuerdo con el balance presentado por el viceministro, actualmente el 97% del suministro ya fue restablecido.

“Estamos buscando alternativas para aliviar la billetera de esas familias para que puedan afrontar las necesidades que tienen. Estamos trabajando, sobre todo, en aliviar a las empresas que fueron afectadas y a los usuarios que fueron afectados”, señaló. El funcionario insistió en que cualquier decisión deberá proteger tanto a los usuarios como a las empresas del sector eléctrico, que atraviesan dificultades acumuladas durante los últimos años.

“Estamos revisando cada caso para buscar alternativas. Es un análisis delicado que tenemos que hacer para poder aliviar a los usuarios sin terminar de afectar a la empresa privada”, afirmó. Mientras el Ministerio evalúa esas alternativas, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) ya dio un primer paso con una propuesta enfocada en los comercializadores que atienden a usuarios afectados.

La entidad aprobó el pasado 19 de agosto un proyecto de resolución que entró en consulta pública y plantea un mecanismo temporal para mejorar la liquidez de esas empresas. La propuesta permitiría diferir hasta 20% de determinadas obligaciones relacionadas con el Mercado de Energía Mayorista y con el uso de las redes eléctricas. El beneficio no supone la eliminación de deudas ni para las empresas ni para los usuarios. Se trata de un aplazamiento condicionado al cumplimiento de requisitos específicos establecidos por la Creg.

Para acceder, el comercializador deberá demostrar que al menos 50% de su demanda comercial, con corte al 31 de julio de 2026, corresponde a usuarios ubicados en municipios identificados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres como afectados por el sismo. Además, deberá encontrarse en una causal que implique la aplicación de una medida de limitación de suministro. El mecanismo cobijaría obligaciones correspondientes a julio, agosto, septiembre y octubre de 2026. Los montos diferidos tendrían un periodo de gracia de dos meses y luego serían pagados durante 18 meses junto con los intereses.

Las empresas deberán respaldar esos compromisos mediante garantías equivalentes al 100% de las cuotas mensuales asociadas al monto aplazado. Según la Creg, la medida responde a la reducción del recaudo registrada en las zonas afectadas y busca evitar problemas de liquidez sin alterar las obligaciones originales del sistema.

La propuesta hace parte de las respuestas adoptadas tras la declaratoria de desastre nacional emitida mediante el Decreto 1171 del 11 de agosto, después del sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó. La medida cobija territorios como Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo y Norte de Santander.

Fuente original: Infobae

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