La justicia española ha iniciado una nueva fase en la investigación por el controvertido apaleamiento de un muñeco que, según se presume, representaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Un juzgado de instrucción de Madrid ha tomado declaración, el pasado martes, a cinco de las seis personas imputadas en esta causa, marcando las primeras comparecencias presenciales desde que el expediente fue reabierto en septiembre de 2025.
Los hechos en cuestión se remontan a la Nochevieja de 2023, cuando, en el marco de protestas contra la ley de amnistía frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz, un grupo de manifestantes colgó y golpeó un muñeco que, para muchos, simbolizaba al mandatario español. Este acto generó un fuerte debate sobre los límites de la protesta y la libertad de expresión.
La causa judicial tuvo un recorrido sinuoso. Inicialmente, a principios de 2024, la magistrada a cargo la había archivado en febrero de ese mismo año, argumentando que no existía delito y que “lo más violento fue golpear a una piñata” que “en ningún caso” se asemejaba al presidente. Sin embargo, en julio de 2025, la Audiencia Provincial de Madrid revirtió esa decisión y ordenó la reapertura, al considerar que los acontecimientos podrían constituir un delito de amenazas contra el jefe del Ejecutivo, lo que llevó a la jueza a reabrirla en septiembre de 2025.
El propio Pedro Sánchez, quien ya había declarado por escrito, calificó la acción como una “manifestación brutal de odio” cuyo objetivo era amenazarlo no solo a él y a su familia, sino también a todos los miembros del Partido Socialista. Por su parte, los cinco investigados que comparecieron ante la jueza ya habían adelantado, al reactivarse el proceso, que el muñeco apaleado era una simple piñata y que su manifestación se enmarcó dentro de un ejercicio festivo de su libertad de expresión.
Fuente original: Infobae